Enfoque internacional
La Nación, Argentina, GDA
Con la contundencia que otorgan las cifras redondas, al cumplirse 20 años del salvaje atentado contra la mutual judía, el caso se encuentra, en lo que hace a la impunidad y a la falta de verdad y de justicia, prácticamente como aquella mañana del 18 de julio de 1994, cuando a las 09:53 se desató el horror en una céntrica zona porteña.
Dos décadas no alcanzaron para poder castigar a los culpables del peor acto terrorista sufrido por la Argentina, que provocó la muerte de 85 personas y heridas a centenares.
Cada aniversario es motivo de dolor y vergüenza, agravados por el paso del tiempo que ha ido consolidando una impunidad hasta ahora infranqueable. Dolor y vergüenza por quienes perdieron la vida, por quienes resultaron heridos y por los familiares de unos y otros.
Dolor y vergüenza porque el Estado argentino es doblemente responsable: porque dos años después del atentado a la Embajada de Israel en 1992, no fue capaz de prever ni de prevenir este segundo acto terrorista y, no habiéndolo impedido, tampoco fue capaz de esclarecer el hecho, lograr la captura de los responsables, juzgarlos y condenarlos. Una idéntica incapacidad también mantiene impune -y en el olvido- el atentado a la Embajada.
En vez de justicia para la AMIA, las dos décadas transcurridas han traído papelones, como la libertad que Gran Bretaña tuvo que otorgar a uno de los iraníes acusados por el Poder Judicial argentino por considerar los tribunales ingleses que las pruebas en su contra eran insuficientes.
O la serie de irregularidades en la investigación judicial que salieron a la luz durante el juicio oral o, para acercarnos más al presente, el injustificable y vergonzoso Memorándum de Entendimiento firmado por el Gobierno argentino con el de Irán con el declarado pero imposible propósito de avanzar en la investigación.
Ni siquiera Irán le otorgó al acuerdo la menor trascendencia, y luego, la justicia argentina lo declaró inconstitucional.
Aún falta investigar en profundidad y sin preconceptos la conexión local, y así lo reconoció el propio juez de instrucción, Rodolfo Canicoba, quien afirmó recientemente que aún no está probado que dirigentes iraníes hayan actuado en el ataque terrorista y cuestionó, sin mucho fundamento, la actuación de la Fiscalía en la investigación de “la pista local y la pista siria”.
Rechazó un juicio en ausencia. Si tanta es su disconformidad, lo que debería hacer el magistrado, en vez de lanzar críticas por medio del periodismo, es reasumir la investigación que él delegó en la Fiscalía.
Es cierto que contra los exfuncionarios iraníes que fueron imputados no existen pruebas contundentes, sino, básicamente, indicios.
Ni las víctimas ni su memoria merecen estos 20 años de dolor y paulatino olvido. El Estado, víctima a la par que responsable, debe saldar sus deudas. La falta de justicia, constituye, una manifestación de impotencia, una invitación a futuros actos de terrorismo.