Una sombra siniestra se esparce en la región. Con el propósito de imponer su hegemonía, varios gobiernos han enfilado ataques en contra de los medios que se han constituido en voces críticas ante las pretensiones dominantes.
Pocas veces se ha visto semejante arremetida desde los poderes públicos para tratar de acallar o amedrentar a quienes ejercen su derecho a opinar. La tarea empezó en Venezuela, donde el delirio del Mandatario ha llevado al cierre de canales de televisión y radio opuestos al régimen. Le ha seguido los pasos Argentina, donde se acaba de aprobar, por la mayoría oficialista, que dejará de ser tal a fines de año, una ley de medios que podría decirse tiene dedicatoria expresa.
Se ha visto casi ninguna capacidad de estos gobernantes a aceptar la existencia de voces disidentes, no admiten la posibilidad que existan opiniones distintas a las del poder oficial. La crítica molesta al poder, la infalibilidad de la que se creen investidos termina en entredicho y provoca escozor a las tentaciones totalitarias.
Sin embargo, siguen hablando de democracia pese a que, a juzgar por las tendencias a las que generalmente son adictos, niegan la posibilidad que la mitad de sus poblaciones tengan un criterio contrario a la voz oficial. A juzgar por las acciones de estos gobiernos no desean una prensa libre, lo único que aspiran es que las redacciones de los medios se conviertan en agencias repetitivas de la palabra oficial. Nada, ninguna aseveración puede ser puesta en duda.
Les irrita que se ponga a descubierto las señales de enriquecimiento de allegados a esos gobiernos. La prensa libre siempre ha sido un obstáculo para las tendencias totalitarias. De allí que exista la pretensión de poner mordazas e impedimentos para que desarrolle su labor. Una prensa independiente que no esté bajo el control de los poderes públicos, se convierte en peligro para los intentos totalitarios. Si no se puede lograr influir en los medios para conseguir su alineación con los proyectos políticos dominantes se emprende la tarea de hostigarlos, atacarlos, intimidar a los periodistas, lanzar amenazas veladas a las empresas de comunicación con el fin de callarlas.
Este riesgo también empieza a tomar forma en nuestro país con la presentación de un proyecto de ley que, a pretexto de regular a los medios, busca como fin acallar la disidencia. Fue precisamente a través de la apertura de los medios que el mensaje de los actuales gobernantes llegó al pueblo que los eligió. Si algún bien jurídico debe proteger una ley de este tipo son los derechos esenciales que tienen todos los ciudadanos a estar informados, así como la posibilidad que cualquier persona exprese libremente su opinión, aun cuando estas garantías se encuentren en colisión con pretensiones hegemónicas que busquen alterarlos de cualquier forma. Aquello sería simplemente inadmisible.