Unos 70 animales fueron recuperados en un operativo efectuado en la parroquia San Miguel, en Salcedo. Un familia fue acusada.
Los habitantes de la comunidad San Bartolo de la parroquia Toacaso, en la provincia de Cotopaxi, detuvieron a tres personas por el supuesto delito de abigeato.
El plan es impulsado por el Comseca y tiene el apoyo de la Policía Nacional y las juntas parroquiales.
Unos 300 ganaderos del país se reunieron en la parroquia Tonchigüe, en el sur de la provincia de Esmeraldas, para analizar el abigeato, el porte de armas y el crédito. El encuentro se realizó el domingo 13 de diciembre del 2020.
El incremento del robo de ganado en Santo Domingo de los Tsáchilas, occidente del Ecuador, fue analizado por las autoridades este miércoles 25 de noviembre del 2020.
Siete personas son investigadas por el delito de abigeato o robo de ganado en el cantón Latacunga, en la provincia de Cotopaxi.
Ganaderos de las zonas de Samborondón, Salitre, Yaguachi, Daule, Chongón y Milagro, en Guayas, se reunieron con delegados de la Policía Nacional para denunciar el aumento del robo de ganado y caballos durante 2019.
El Ministerio del Interior anunció hoy, miércoles 9 de enero del 2019, que se fortalecerá la Unidad de Investigación contra el abigeato (hurto de ganado) para proteger a los sectores vulnerables a ese delito.
Cerca de 800 representantes de gremios productores del país se reunieron este martes 24 de julio del 2018 en una asamblea convocada por la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos para discutir sobre una problemática que se ha hecho cada vez más presente en el sector: el abigeato.
Luego de tres meses de investigaciones, miembros de la Unidad de Investigación contra el Abigeato (UICA) lograron desarticular durante la madrugada de este martes, 30 de enero del 2018, una presunta organización delictiva dedicada al robo de ganado, propiedades y vehículos.
Una vecina dio la alerta. La mujer encontró a la víctima en un terreno ubicado en San Vicente de Yaruquí, a las afueras de Quito. Estaba boca abajo y con heridas en la cabeza. Los agentes de la Dirección Nacional de Muertes Violentas (Dinased) no adelantaron hipótesis de lo que pudo haber ocurrido.
El porte de armas para civiles está prohibido en el Ecuador desde el 2011. Pero el Decreto Ejecutivo 749 señala que se exceptúa de esta normativa los que justificadamente sean autorizados.
Representes ganaderos de las provincias de Los Ríos, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Amazonía y Santo Domingo se reunieron en la provincia de los tsáchilas para debatir la inseguridad en las fincas. Luis Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, asegura hay en subregistro en las estadísticas de abigeato porque los propietarios no denuncian los casos debido a que el proceso es largo y es difícil recuperar a las reses.
Pintar un vehículo, una moto o una bicicleta hurtada quizás no sea novedad para las autoridades policiales, pero encontrarse con un caso en el que pintan una vaca es una excepción.
Los controles son cada vez más rigurosos en la feria de ganado de Santo Domingo. Para comprar animales, los comerciantes exigen cuatro documentos como el certificado de propiedad y el de vacunación contra la fiebre aftosa. Esto debido al robo de semovientes que según la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo (Asogan) ha tomado fuerza desde el 2010 cuando se registraron 953 denuncias a nivel nacional. De estos, 202 ejemplares desaparecieron en la provincia tsáchila. El año en que más se registraron casos de abigeato fue en el 2011. La cifra a nivel nacional fue de 1 225, pero en Santo Domingo solo se registraron 51 de estos casos delictivos. En la Policía Judicial santodomingueña no se registraron denuncias de los ganaderos en enero de 2014. Según Juan Zambrano, gerente de Asogan, esto se debe a que los ganaderos se cansaron de denunciar los ilícitos y a que no se recuperarán las reses. Ese fue el caso de David T., quien es ganadero desde hace 20 años. Él asegura que desde el 2010 ha
Los ganaderos de Santo Domingo de los Tsáchilas han tomado medidas para evitar el robo del ganado en sus haciendas.
La quema de tres vehículos en Imbabura, a nombre de la Justicia Indígena, desató el debate en torno a su aplicación. Rocío Cachimuel, presidenta de la Federación de Indígenas de Imbabura (FICI), defiende su vigencia, que está garantizada en la Constitución. Mientras que sectores vinculados a la Justicia Ordinaria, consideran que debe haber límites.