Europa y EE.UU. han lanzado grandes planes para rescatar a sus empresas emblemáticas. Los recursos públicos están en juego. Foto: AFP
Gobiernos de izquierda y de derecha han salido a rescatar a varias empresas en medio de la pandemia del covid-19, pero otros han dejado que el coronavirus termine con la vida de las compañías.
En el primer caso, el argumento es salvar los empleos, la producción y la economía; en el segundo, la premisa es que los recursos públicos no deben usarse para salvar a los dueños del capital. Al fin y al cabo, la quiebra es parte del riesgo que asume un empresario a la hora de montar un negocio.
El debate sobre si el Estado debe salir a salvar a las empresas en problemas está lejos de concluir, y menos en medio de una pandemia que ha abierto las puertas a todas las propuestas que puedan evitar una mayor debacle económica. En juego está la estabilidad de los sistemas democráticos, que pueden estar amenazados por un estallido social producto de un mayor desempleo.
De ahí que los gobiernos de Europa y Estados Unidos han acudido masivamente al inyectar dinero en sus empresas, luego de ver cómo se multiplican los números rojos en los estados financieros de aerolíneas, hoteles, restaurantes, cines, fábricas de vehículos y otras empresas que han cerrado sus operaciones debido al confinamiento por el covid-19.
El Foro Económico Mundial calcula que desde que estalló la pandemia hasta la fecha los gobiernos han destinado unos USD 9 billones para paliar sus daños en la salud de la gente y el tejido empresarial.
Aunque la mayor parte de esos recursos se han destinado para cubrir gastos de salud, mantener a flote pequeños negocios o cubrir seguros de desempleo, buena parte ha ido a parar a compañías que son demasiado grandes para quebrar, como ya ocurrió durante la crisis financiera del 2008-2009.
Lufthansa recibió 9 000 millones de euros del gobierno alemán. Foto: AFP
En aquella época, por ejemplo, el gobierno de Barak Obama rescató a grandes bancos y empresas automotrices estadounidenses. La crisis financiera llevó a la bancarrota de General Motors (GM) y Chrysler, que fueron rescatadas con dinero público en 2009. La Casa Blanca señaló años más tarde que tras ese rescate -que demandó cerca de USD 9 300 millones de recursos públicos- esa industria creó más de 640 000 empleos.
General Motors pagó la mayor parte de su rescate luego de casi un año de declararse en quiebra. Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, entre otras entidades financieras, también fueron pagando por partes los rescates recibidos.
En la actualidad, y en medio de la pandemia, el gobierno de Donald Trump destinó en abril pasado USD 25 000 millones para rescatar a las principales aerolíneas de pasajeros estadounidenses, entre ellas, American, Delta y United. Los recursos salieron de un fondo de USD 2,2 billones aprobado por la Casa Blanca y el Congreso.
En ese entonces, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, defendió la medida al señalar que la medida “apoyará a los trabajadores estadounidenses y ayudará a preservar la importancia estratégica de la industria de las aerolíneas”.
En Europa, donde la socialdemocracia se impone, también se han aplicado medidas similares. La aerolínea Lufthansa, la mayor de Europa, recibió una ayuda por 9 000 millones de euros, a cambio de una participación del Estado en el capital de la empresa.
La cadena Gold’s Gym se declaró en bancarrota en mayo pasado, Foto: AFP
Cuando empezó la pandemia, el gobierno alemán dijo estar preparado para tomar participaciones en las empresas para compensar el impacto del coronavirus. Francia también defendió ese tipo de medidas y en mayo pasado, con el fin de impedir la desaparición del tejido empresarial y un aumento del desempleo, anunció un plan de 100 000 millones de euros para salvar a empresas en peligro, entre ellas, Air France y Renault.
Pero esta mayor intervención del Estado no parece ser una medida de los regímenes liberales. El catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, Luis Espinosa Goded, un defensor los principios de la escuela austriaca, señaló que destinar recursos públicos al rescate de empresas privadas va en contra del pacto capitalista, en el cual el empresario arriesga y gana si su idea de negocio funciona, pero pierde su patrimonio en caso de quiebra.
Además, dice, los rescates se producen por criterios políticos y siempre terminan favoreciendo a empresas grandes, que se provechan para consolidarse en el mercado en desmedro de aquellas que no pudieron acceder a los fondos públicos. “La quiebra de una empresa no significa la pérdida de sus activos, ya que estos tendrán que liquidarse y venderse a otros, a menor precio. Y quienes compren podrán empezar de nuevo, ofreciendo precios más bajos al público. Eso requiere de una ley, que permita esa transición rápida y de forma ordenada”.
J.C. Penney anunció en mayo el cierre del 25% de sus 850 tiendas. Foto: AFP
Curiosamente, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, catalogado como un gobernante de izquierda y que defiende la mayor intervención del Estado, ha resultado más liberal que sus pares capitalistas. En mayo pasado descartó aumentar la deuda pública para apoyar a las empresas, al señalar que si quiebra una, el empresario, los socios o los accionistas deben asumir la responsabilidad. Si el Estado interviene, se compromete el futuro de los pobres.