“La situación sanitaria en Ecuador sigue siendo crítica y las mejoras aún no se logran avizorar en el corto plazo. A pesar de que un porcentaje de docentes ha sido vacunado contra el covid–19, las niñas, niños y adolescentes aún no reciben las dosis”. Esta alerta la lanzó el Consejo de Protección de Derechos de Quito ante el anuncio del Gobierno de implementar el Plan de retorno progresivo y voluntario a clases.
El Consejo aseguró que “pretender abrir las escuelas en las condiciones actuales podría constituir una amenaza al derecho a la salud y la integridad” de los menores y de la “comunidad educativa en general”.
“Hasta donde conocemos, las condiciones estructurales necesarias para poner en marcha este plan aún no se han generado, pues si bien se ha avanzado en la vacunación de los docentes, las condiciones de la infraestructura educativa, especialmente en el sostenimiento fiscal, no daría abasto para el número de estudiantes matriculados”, señala el Consejo de Protección.
Luego indica: “No se ha anunciado cómo se resolverá la necesidad de limpieza y saneamiento de estas infraestructuras cuando muchas de ellas no cuentan con baterías sanitarias en buen estado, servicios básicos ni personal de limpieza. Tampoco se ha mencionado cómo se resolverá la entrega de mascarillas, jabón, alcohol, gel como insumos básicos para este retorno, respetando las normas mínimas de bioseguridad”.
El grupo señala que “la decisión de reaperturar los establecimientos educativos debe equilibrar los beneficios de salud pública con los costos asociados, tales como la pérdida de aprendizajes para estudiantes y familias”.
