Imagen referencial. Desde marzo recibieron denuncias sobre vulneración de derechos en el plantel, según informó la Subsecretaria de Educación del Ministerio. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Tres denuncias por violación y acoso sexual, además de un supuesto mal manejo administrativo, dieron lugar a la intervención de un plantel municipal de Quito. El proceso comenzó este martes 17 de abril del 2018 y se extenderá durante un año. Así lo informó la subsecretaria de Educación del Ministerio del ramo, María Augusta Montalvo.
La decisión se dio en conjunto entre las autoridades del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Educación del Municipio de Quito.
Montalvo explicó que desde marzo del 2018 recibieron denuncias sobre vulneración de derechos. Una es por un caso de violación sexual que se habría dado entre estudiantes.
Las otras dos se relacionan a denuncias de acoso sexual, en cuyo caso se ha señalado a un docente como el presunto agresor. Las denuncias se presentaron a las autoridades educativas y a la Fiscalía. No se detalló el tema, ya que se vela por la integridad de los estudiantes.
Montalvo criticó que no se separó al profesor acusado de acoso sexual. Ella dijo que desde marzo se dispuso su salida. Sin embargo, hasta ayer (lunes 16 de abril) se conoció que el docente aún laboraba en el plantel. Ella insistió que envió un nuevo comunicado para la separación inmediata del maestro.
La administración y gestión educativa también es otra de las causales de la intervención. Para Montalvo, hay un “mal manejo institucional”. Entre el 2015 y 2018 han pasado cinco rectores, cuatro vicerrectores y siete inspectores generales en los cargos administrativos del plantel.
Además, se detectó un ‘llamado de atención’ por parte de la Organización de Estado Iberoamericano (OEI) para que se cumplan todos los requisitos del Bachillerato Internacional (BI). De acuerdo a la Secretaria de Educación municipal, no hay informes de que sea haya actuado frente a esto.
La administración de los parqueaderos, el teatro y la piscina del plantel – que son bienes públicos – son otro punto de análisis. El motivo: no se encuentra una rendición de cuentas oportuna de las autoridades, dijo Montalvo.
Con la intervención se busca que se garantice la calidad de educación a los estudiantes, sostuvo. La decisión, que está avalada en la resolución 026, se ejecutará por una encargada del Ministerio de Educación. Ella estará acompañada por una comisión.
