Desde abril, ninguna víctima de violación puede ser sancionada por abortar en Ecuador. Así lo estableció la Corte Constitucional (CC) y, aunque dispuso la realización de una norma, uno de los nudos críticos del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación sigue sin desenredarse. Se trata del plazo máximo para que las víctimas puedan acceder al aborto.
Al Pleno de la Asamblea llegarán dos informes de la Comisión de Justicia para segundo debate. El de la mayoría plantea que las niñas y adolescentes menores de 18 años que son víctimas de violación podrán acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 22 de gestación.
Mientras, las mujeres de 18 años o más podrán hacerlo hasta las 20 semanas, es decir, 5 meses. En el caso de las que tienen discapacidad mental se aplicarán los protocolos ya establecidos por el Ministerio de Salud, según el informe de mayoría.
Para el primer debate se estableció que el aborto en casos de violación se pueda practicar hasta la semana 28. Con el cambio, las organizaciones a favor y en contra del aborto tienen sus posturas y anunciaron que se concentrarán en la Asamblea el próximo martes, día en que está previsto el segundo debate en el Pleno. El objetivo es que sus pedidos sean escuchados.
OLA: Los plazos ponen en desventaja a las más vulnerables
La plataforma Organizadas por una Ley de Aborto Justa y Reparadora (OLA) se manifestó en contra de los nuevos plazos fijados por la Comisión de Justicia.
Johanna Romero, representante de OLA, dijo que la Asamblea debe generar un mecanismo de acceso al servicio de salud. Al fijar plazos, señaló, se genera un limbo legal para las que superen la temporalidad y el acceso al aborto se convertiría en un privilegio de pocas.
Romero recordó que uno de los argumentos de la CC fue que la maternidad no puede ser impuesta porque es una forma de tortura para las víctimas.
La exclusión de los plazos la sufrirían, especialmente, las víctimas más vulnerables, señala María Espinosa, de Amazon Frontlines. Se condenaría a mujeres indígenas, afro o rurales a mantener embarazos forzados o a acceder a abortos clandestinos.
Espinosa sostuvo que, en Ecuador, 5,7 millones de personas viven en pobreza y 2,6 en extrema pobreza. De ellas, el 46% es de entornos rurales y de este último porcentaje, el 67% corresponde a mujeres. “La Asamblea está invisibilizando esa realidad”.
La médica especialista en atención a niñas y adolescentes, Susana Guijarro, señala que se requiere una ley que permita a las víctimas de violación cumplir con su proyecto de vida. En ese sentido, dice que la mejor alternativa es que no haya plazos o sean lo más amplios posibles.
“Muchas niñas y adolescentes están expuestas a la muerte por continuar embarazos por violación”. Guijarro señala que las complicaciones del embarazo y el parto son la segunda causa de muerte en adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo.
Las niñas de 10 a 19 años tienen hasta el triple de posibilidades de muerte por causas maternas y para las menores de 5 años el riesgo es cinco veces mayor.
Sybel Martínez, representante de la Alianza por la Niñez y Adolescencia, enfatizó en que el aborto por las causales salud y violación a mujeres con discapacidad está en el COIP desde hace 83 años, sin plazos. Por ello, dijo que no hay razón para establecerlos ahora.
Provida: Hay que concentrarse en el castigo a los violadores
Pese a que la CC ya declaró la legalidad del aborto en casos de violación, las organizaciones conocidas como provida rechazan el proyecto de ley y piden que las acciones se concentren en el castigo a los violadores.
Martha Villafuerte, directora de Familia Ecuador, dice que su principal premisa es defender la vida desde la concepción, sin excepción, hasta la muerte natural. Por ello, asegura que rechazan el proyecto de ley, que “atenta contra los derechos constitucionales”.
Villafuerte además dice que el proyecto presenta contradicciones con la sentencia de la Corte, ya que no establece parámetros sugeridos para la denuncia y penaliza la objeción de conciencia y no hay justificaciones científicas. “Eso es extremadamente peligroso para la paciente a la que le practiquen el aborto, ya que este nunca es seguro”.
Se han presentado varias soluciones a los embarazos por violación, diferentes a una ley de aborto, dice Villafuerte. Menciona la Ley Orgánica de Registro de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales (Ley Revaas). Esta fue declarada inconstitucional por la Corte.
La directora de Quiteños Provida, Diana Bravo, señala que continuarán luchando por la reactivación de esta norma. Esto “para que se haga justicia con el verdadero culpable. Que sea llevado preso, alejado de sus víctimas. Que las violadas no tengan miedo de denunciar y no tengan solo la opción de abortar”.
Sus acciones se deben a que el proyecto de ley que se trata en la Asamblea no contiene propuestas que ayuden a las víctimas a salir de las consecuencias de una violación, asegura.
Bravo dice que un violador no va a dejar de violar a su víctima por el hecho de que esta se practique un aborto. “Él mismo le puede seguir llevando a abortar”.
Entre otras alternativas, Villafuerte señala que también propusieron una sanción no privativa de libertad para las víctimas de violación que aborten. “La cárcel no es la salida, lo que se necesita es acompañamiento psicológico y emocional”.
