Ayer, en los exteriores de la Asamblea, se vio al ministro Augusto Espinosa acompañado de docentes afines al Régimen. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
Los transeúntes pensaron que se trataba de un candidato para las elecciones del 2017. Pero cuando se acercaron a uno de los accesos de la Asamblea Nacional, en la calle Piedrahíta, distinguieron al ministro de Educación, Augusto Espinosa.
Llegó para exponer sus pruebas de descargo ante la Comisión de Fiscalización. Esto dentro del juicio político que fue pedido en su contra por no asegurar bienes públicos, como la Unidad del Milenio de Pedernales, en Manabí.
Cientos de docentes, cuyos líderes dijeron que eran de la Red de Maestros, llegaron de varios puntos del país para respaldarlo. Espinosa arribó en un vehículo ayer. Bajó y se abrió paso entre la multitud saludando, estrechando manos, dando abrazos sonriente; con su seguridad y equipo de comunicación pisándole los talones.
Según Wilmer Santacruz, dirigente de la Red de Maestros, el apoyo de los maestros fue voluntario. Se ausentaron de sus planteles con un permiso con cargo a vacaciones. Según él no paralizaron un servicio público como la Educación, tipificado en el Código Penal.
Ya en el salón José Mejía Lequerica, del Legislativo, Espinosa pasó revista a los artículos con los que Byron Pacheco (Avanza) solicitó su juicio.
En la Asamblea se colocó un teleprompter para que el Ministro pueda seguir su guión. Previamente, en la radio pública había dicho que por preparar esa comparecencia, la semana pasada no pudo estar en Manabí y Esmeraldas revisando todas las tareas de construcción, tras el terremoto del 16 de abril pasado.
Pero no dio mayores detalles públicos de sus argumentos. Según él, toda la información se entregaría por escrito a la Comisión. María José Carrión, presidenta de la Comisión, confirmó luego de la sesión que el funcionario presentó seis folios de información con pruebas documentales de descargo.
Espinosa ratificó lo que ya había dicho en días pasados. Que ninguna norma vigente obliga a un ministro a contratar pólizas de seguro y que un juicio debe ser sustanciado solamente por el incumplimiento de sus funciones.
De forma paralela a su intervención, en la Plaza Grande, otro grupo de maestros de la Red se concentró cerca del Palacio de Carondelet.
Hubo estudiantes y profesores del Colegio Augusto Arias de Santo Domingo de los Tsáchilas. Dijeron que querían mostrarle al presidente Rafael Correa que Espinosa tenía quien lo respalde. Pero no pudieron verlo. El cambio de guardia esta vez fue encabezado por el secretario de la Presidencia, Omar Simon.
Sobre el reglamento de la Contraloría -que estipula la protección de los bienes públicos- aseguró que entró en vigencia en septiembre del 2015.Además, expuso que se puede solicitar juicio político si se incumplió la ley y “el reglamento no es ley”, para lo que citó la jerarquización de las normas que establece la Constitución.
Rafael Oyarte, abogado constitucionalista, cree que la explicación del Ministro se apega a la Ley. Sin embargo, le recordó que la Constitución establece, como funciones de los ministros, acatar los decretos y reglamentos establecidos por el Presidente y la Contraloría.
La Comisión deberá hacer un análisis jurídico de las pruebas en un plazo de 15 días (que están corriendo desde el miércoles anterior).
Posteriormente, con cinco días más de plazo, deberá emitir un informe y presentarlo ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) recomendando el archivo del juicio o el envío al Pleno, para que el Legislativo establezca si se absuelve al funcionario, se lo censura o destituye.
Para Gabriel Rivera, legislador oficialista, la parte acusadora no ha demostrado la pertinencia del juicio. Pero según Carrión se analizarán todas las pruebas antes de emitir un juicio sobre el caso.
Sobre si la mayoría oficialista cerrará filas por Espinosa y hará eco del respaldo que le dio el presidente Rafael Correa, en su Enlace Ciudadano del 16 de julio pasado, Carrión refirió que hay una presión política.
Es normal, señaló, que el Presidente apoye a su “persona de confianza”. Estas declaraciones “no influenciarán de ninguna manera en el trabajo de la Comisión de Fiscalización. Somos una función diferente”.
Para Ricardo Moncayo, asambleísta por Creo, Correa ya dio por inocente a Espinosa antes de que el juicio político cumpla su debido proceso en la Asamblea. El Mandatario refirió que es “imposible e indeseable” asegurar todos los bienes públicos.
En contexto
El terremoto del 16 de abril pasado afectó buena parte de la infraestructura educativa en Esmeraldas y Manabí. Tras la primera evaluación se confirmó que la Unidad del Milenio de Pedernales no se aseguró. La oposición responsabilizó al Ministro de Educación.