Hay una relación directa entre prosperidad y libertad. Los países con mejores índices de desarrollo se basan en la iniciativa individual.
La visión oficial habla de un país de oportunidades, de una tierra fértil donde las ideas florecen y se convierten en negocios prósperos, impulsados por un Estado que ofrece al inversionista carreteras, mejor educación, estabilidad política y social y cero corrupción.
Pero las metas de inversión y participación privadas suelen diluirse en sistemas que privilegian una mayor participación estatal y olvidan la importancia de la libertad económica. Las oportunidades para los ciudadanos o empresarios se reducen a medida que el Estado se empeña en competir con el sector privado, se dedica a multiplicar entidades que no rinden cuentas o se preocupa de contratar burócratas para meditar, buscar la felicidad o diseñar refinerías de papel, que cuestan millones de dólares y que se
pagan con los impuestos que salen de los ciudadanos.
Cuando se restringe el comercio, se aumentan los impuestos o se cambian las leyes con frecuencia hay menos oportunidades para crear negocios, menos productos para comprar, menos alternativas para elegir; es decir, se reducen las libertades económicas en una sociedad. Lo anterior explica por qué hay cada vez más personas que cruzan la frontera para conseguir productos a la mitad de precio o prefieren invertir fuera del país. Y es que la posibilidad de elegir entre distintos oferentes, sea de bienes o servicios, constituye en sí mismo un valor, el cual corre el riesgo de perderse por la intervención estatal.
Cuando en una sociedad la prioridad es el Estado y no la iniciativa privada, cuando las empresas dependen del gasto público, cuando el comercio se limita al mercado interno o cuando los grandes contratos del Gobierno se entregan sin licitaciones, no es muy complicado advertir las consecuencias, aunque la propaganda apunte en otra dirección.
Desde el 2007, o incluso antes, se ha vendido la idea de que la prosperidad de las personas llega de la mano de un Estado que hace de todo, desde construir carreteras, escuelas u hospitales hasta operar refinerías, aeropuertos, aerolíneas, medios de comunicación, bancos, operadoras telefónicas, petroleras, mineras, etc.
Una política económica de esas características no es sustentable. En el caso ecuatoriano se evidenció con el fin del segundo ‘boom’ petrolero, el año pasado. Sin iniciativa privada y libertad económica, un país puede ver cómo se deterioran rápidamente sus condiciones económicas, políticas y sociales, lo cual resulta en menos prosperidad.
Con el fin del espejismo petrolero ha quedado claro que el Estado no es un buen administrador, algo que ya se sabía pero que permaneció cubierto mucho tiempo por la abundancia de recursos que llegaron en la última década.
Para los economistas clásicos, aquellos que defienden el libre mercado, el mayor protagonismo del Estado limita el desarrollo de los países. Y no parecen estar muy equivocados cuando muestran como evidencia los resultados de economías como Hong Kong, Suiza o Australia, que son ejemplos a seguir en cuanto a desarrollo o bienestar. Estas economías ocupan los primeros lugares en el Índice de Libertad Económica, pero también en otras listas como el Doing Business o el Índice de Desarrollo Humano.
El denominador común de estas economías es la apertura comercial, una política económica prudente, un marco jurídico estable, transparente y el respeto a los derechos de propiedad, según el reporte publicado este año por The Heritage Foundation sobre el Índice de Libertad Económica.
Este índice se calcula formalmente desde 1995 y tiene como eje de todo al individuo. Considera que las personas son libres de trabajar, producir, consumir e invertir de la manera que deseen. Y para que eso funcione, la intervención del Estado debe ser mínima, básicamente para mantener una fuerza policial que resguarde los derechos de la propiedad y de las personas; una autoridad monetaria que mantenga una moneda sólida y un poder judicial que haga cumplir la ley.
Michael Walker, director de The Fraser Institute de Vancouver y el Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, desarrollaron este índice a mediados de los años 90. Para medir la libertad económica de los países utilizan 10 variables relacionadas con la apertura comercial, la carga impositiva, el tamaño del Estado, la estabilidad monetaria, los derechos de propiedad, la percepción de corrupción, las regulaciones laborales, etc.
Este año, de 178 países analizados, las economías más libres del mundo están lideradas por Hong Kong, seguido de Singapur, Nueva Zelanda, Suiza y Australia.
Ecuador se ubicó en el puesto 159, apenas por encima de Bolivia, Argentina, Venezuela y Cuba.
Corea del Sur, que ha sido un modelo a seguir por las autoridades ecuatorianas, está en el puesto 27, con un puntaje de 71,7 sobre 100. Ecuador está bastante lejos: sacó 48,6 puntos, lo cual significa que la libertad económica está en “grave riesgo”, según el informe publicado por The Heritage Foundation este año.
Hay varios hechos que explican la situación del país. Por un lado, la intervención del Gobierno ha ido más allá del petróleo y la minería, en perjuicio del sector privado. Por otro, el sector financiero está sobrerregulado y a menudo sometido a directrices del Estado. También la falta de independencia de poderes aumenta el riesgo de invertir en un país donde el sistema judicial es vulnerable a la interferencia política.
En épocas de crisis como la actual, con un Estado sin margen de maniobra, la salida apunta a liberar el mercado.
