¿Tan poco valemos las mujeres para el Estado? ¿Qué sistema es este en qué, luego de un tortuoso camino para que se sancione el delito, los femicidas no cumplan su condena y se burle de la constitución, leyes y tratados internacionales?, esas son algunas de las preguntas que se planteó el Cabildo por las Mujeres de Cuenca tras la liberación de Carlos Flores y Luis Eduardo Cordero.
Los dos hombres fueron sentenciados por el delito de femicidio y cada uno cumplía una condena de 34 años, en la cárcel de Azogues.
Sin embargo, el 2 de marzo del 2023, la Unidad Judicial Multicompetente, con sede en el cantón Montecristi, ordenó poner en libertad a Carlos Flores, quien fue condenado por el femicidio de Cristina Palacio.
La autoridad dispuso la misma medida para Luis Eduardo Cordero T., que estaba sentenciado a 34 años y ocho meses por el femicidio de su esposa, Bertha Elizabeth Minchala Ortiz.
Ambos se encontraban recluidos en la cárcel de Azogues, a 31 kilómetros de Cuenca.
Las órdenes de libertad se basaron en medidas cautelares que fueron emitidas a favor de los sentenciados para precautelar el derecho a la salud. Ambos argumentaron tener problemas de salud.
Reacciones de organizaciones
Desde la Fundación Aldea se pronunciaron sobre la decisión y expresaron su rechazo. “Exigimos al Consejo de la Judicatura el cumplimiento de la pena en el lugar establecido por los jueces. No rebajas, no habeas corpus. Rechazamos el recurso de incapacidad mental para el femicida”.
El Cabildo por las Mujeres del cantón Cuenca emitió un pronunciamiento más amplio en la que señaló que este hecho ocurre a solo pocos días del femicidio de la enfermera Maribel Castillo.
“Asistimos nuevamente a una vulneración grave de nuestros derechos, que inclusive pone en riesgo la seguridad de quienes durante tantos años no han hecho otra cosa que exigir justicia”, menciona la carta.
Por ello, se preguntan: “¿Tan difícil es en nuestro país lograr que se cumpla la ley?, ¿Qué más debemos hacer para que se garantice la justicia y reparación para las víctimas y sus familias?, ¿De qué seguridad jurídica para las mujeres hablamos en el país?”.
Para la Coalición, el accionar de los jueces que dejaron en libertad a Flores y Cordero “es una grave violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en nuestro país”.
Además, señala el pronunciamiento, esas decisiones judiciales no solo perpetúan la impunidad, sino que envían un mensaje peligroso a la sociedad de que la violencia de género no es un crimen y se puede cometer día tras día. “En unos casos no habrá ninguna sanción para el agresor o femicida y, en otros, podrán quedar libres al poco tiempo con cualquier argucia”.
De igual manera, la Coalición exigió que la liberación de Flores y Cordero sea investigada a profundidad y que se revoquen las “supuestas medidas cautelares que se convierten en armas de impunidad y vuelven al Estado cómplice de los femicidas”.
La Red De Familias Víctimas de Femicidio también repudió el hecho. En su cuenta de Twitter escribió: “Repudiamos que la justicia no haga cumplir la ley en el caso de Cristina Palacios, Bertha Minchala y en el de todas las mujeres víctimas de femicidio”.
El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) Quito utilizó la misma red social para exigir “que NO se otorgue más medidas cautelares en casos de femicidio en Ecuador. Los femicidas deben quedarse en la cárcel”.
Revocatoria de la libertad otorgada a dos femicidas
Un día después de conocerse la decisión judicial, este 3 de marzo del 2023, el presidente Guillermo Lasso informó que se logró la revocatoria de las medidas de cautelares otorgadas a dos femicidas.
En un mensaje publicado en su cuenta Twitter, Lasso sostuvo que “esta es la verdadera justicia. Un logro a partir de la lucha que llevan las mujeres; en este caso la de madres por sus hijas. Después de la solicitud que realizamos, revocaron la medida que liberó a dos femicidas”.
En la misma publicación, el Primer Mandatario aseguró que “las boletas de captura ya fueron aprobadas”.
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