Catalina Vélez, presidenta del CES, entregó el acta que aprobó la intervención a Roberto Passailaigue. Foto: API para EL COMERCIO
Revisar contratos, auditar los concursos docentes, evaluar denuncias, ofertar doctorados por convenios y convocar a elecciones de autoridades.
Esos son algunos elementos del plan de trabajo que anunció la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional (CIFI) para la Universidad de Guayaquil.
El grupo fue posesionado ayer (jueves 18 de octubre del 2018) en la sala de sesiones del Consejo Universitario, en medio de un fuerte resguardo policial. Ese ambiente se ha mantenido desde inicios de este mes debido a pugnas internas por el rectorado. La situación de violencia llevó al Consejo de Educación Superior (CES) a ordenar esta segunda fase de acompañamiento estatal por 90 días, que son prorrogables.
Roberto Passailaigue regresó a la universidad donde ha obtenido cinco de sus títulos académicos, ahora como presidente de la CIFI y rector. En su discurso explicó parte de la hoja de ruta que seguirá junto a Fernando Espinoza, nombrado miembro académico de la intervención; Christian Pazmiño, miembro administrativo-financiero; y Tito Quintero, miembro jurídico.
“El plan se basa en otorgarle seguridad y pacificación de la universidad, garantizar su normal funcionamiento, sus bienes y que sus labores continúen. Se sentarán las bases para, en el tiempo necesario, convocar a las elecciones”, dijo.
Según el Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de universidades, la CIFI tiene 45 días para presentar su plan al CES, junto con el presupuesto para su ejecución que saldrá de la universidad.
En cuanto a plazos, el Presidente de la Comisión Interventora dijo que dependerán de la evaluación institucional. “Puedo asegurar que el tiempo será mucho menor al que se tomó la anterior intervención y queremos tener mejores resultados con el apoyo de la comunidad universitaria”.
El proceso de acompañamiento que comenzó en octubre de 2013 duró tres años y 14 días. En julio, esta fase recibió varias observaciones en un informe de posintervención. Catalina Vélez, presidenta del CES, indicó que el nuevo plan podría incluir algunas recomendaciones de temas pendientes de la antigua comisión.
“Hay algunos temas como tener un mejor sistema de gestión de la información, agilitar los trámites administrativos, algunos temas referentes a la docencia y a la ejecución de proyectos de investigación que han sido aprobados y no necesariamente ejecutados”, explicó la Presidenta.
El secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Adrián Bonilla, reiteró que el Gobierno dará recursos adicionales para mejorar la infraestructura para investigación. Y que el Hospital Universitario será devuelto.
“El hospital no va a ser transferido si no está en condiciones de ser administrado por la universidad”, indicó en relación a su infraestructura y presupuesto. Hoy comenzarán las reuniones para el traspaso.
Passailaigue además enfatizó que esta no será una intervención política. “Somos profesionales de la educación, no somos políticos ni pretendemos politizar esta gestión”.
Y anunció que en 10 días convocarán a una junta consultiva, que estará conformada por expresidentes de la República, exrectores y profesores universitarios. Entre ellos estarán Gustavo Noboa, Alfredo Palacio, León Roldós, Sergio Flores, Anunciata Valdez, Katia Murrieta, Francisco Huerta, Roberto Gilbert Febres-Cordero y Roberto Gómez.
El secretario Bonilla coincidió en que no habrá injerencia durante el proceso y aclaró que el Gobierno no tiene un proyecto político para ninguna universidad. “No hacemos activismo político ni intervenimos en las elecciones de la asamblea universitaria”.
