Imagen referencial. La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) dijo en un comunicado que la decisión de la comisión legislativa encargada de esa discusión de no convocar a las iglesias a debatir sobre el aborto “discrimina a la inmensa mayoría de la población boliviana, en razón de sus ideas religiosas”. Foto: www.lapazlife.com
La Iglesia Católica de Bolivia denunció este miércoles 12 de abril de 2017 que la Asamblea Legislativa, controlada por el partido del presidente Evo Morales, la excluye de los debates sobre una reforma para ampliar las causas que permiten la interrupción del embarazo.
La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) dijo en un comunicado que la decisión de la comisión legislativa encargada de esa discusión de no convocar a las iglesias a debatir sobre el aborto “discrimina a la inmensa mayoría de la población boliviana, en razón de sus ideas religiosas“.
La organización asegura que la Iglesia católica “aporta al debate público sólidos argumentos racionales, reflexiones éticas, criterios jurídicos y datos científicos” sobre el “derecho a la vida“.
Y recuerda que no solo se oponen al aborto los grupos religiosos, sino también “importantes líderes sociales y políticos, científicos y médicos, quienes, al final, son los que tienen que realizar ese acto que va en contra de una conciencia moral recta”.
El proyecto de ley que analiza el Parlamento para reformar el sistema penal establece en su artículo 157 varias causales que justifican un aborto, entre ellas la extrema pobreza, si es que se realiza por única vez y hasta las ocho semanas de gestación.
El proyecto también plantea que puede aceptarse el aborto en ese período si la mujer es madre de tres o más hijos y no cuenta con recursos suficientes para su manutención o es estudiante.
También propone que la interrupción pueda hacerse en cualquier etapa de la gestación cuando sea necesario prevenir un riesgo presente o futuro para la vida o para la salud integral de la embarazada, y cuando se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida.
Un aborto requiere ahora un permiso judicial para todos los casos, salvo cuando el embarazo resulta de una violación, incesto o estupro y cuando esté en riesgo la vida y salud de la madre.
Para defender la norma, la presidenta de la Cámara de Diputados, la oficialista Gabriela Montaño, ha señalado que cada año mueren alrededor de medio millar de mujeres por abortos mal practicados.
Las autoridades calculan que cada día se practican en Bolivia alrededor de 185 abortos y al año 67 000 mujeres acuden a servicios de salud por complicaciones producto de abortos mal realizados.
A pesar de las críticas de la Iglesia y algunos médicos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia alabó hace unos días que se sigan algunas de sus recomendaciones para proteger la vida y salud de las mujeres.
Esa entidad de Naciones Unidas señaló como “positivo” el hecho de que el Legislativo boliviano haya tomado en cuenta “los estándares internacionales y las recomendaciones” hechas a Bolivia en 2015 por el Comité sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer (Cedaw, en inglés) para elaborar el proyecto de ley.