En el encuentro, que se realizó el 16 de marzo, estuvieron presentes representantes de diversas universidades del país y del Consejo de Educación Superior. Foto: Cortesía Hugo Pavón, Universidad Andina Simón Bolivar.
A más de cinco años de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) la noche de este miércoles 16 de marzo del 2016, se llevó a cabo un foro en la Universidad Andina Simón Bolívar para evaluar los resultados de su aplicación en el sistema educativo. En el encuentro estuvieron presentes representantes de diversas universidades del país y del Consejo de Educación Superior.
Esta ley ha significado un proceso de transformación de la educación superior que busca terminar con la desigualdad del acceso a los estudios, el bajo desarrollo de investigaciones y el financiamiento que no incentivaba la mejora de la calidad, dijo Marcelo Cevallos, miembro académico del CES. Según el representante de este organismo en el foro, el presupuesto destinado a la educación superior representó el 6% del presupuesto del gobierno central y el 2% del producto interno bruto del país, hasta el cierre del 2014.
Con esto, se busca profesionales y docentes de “mayor calidad”. Por eso, se procedió con la eliminación de la oferta ilegal de universidades y se estableció un sistema de acreditación. El 57% de profesores que está en el sistema tienen formación de cuarto nivel, y donde más crecimiento se evidencia es en el número de docentes titulares o no titulares con doctorado. Esta cifra, según Cevallos, pasó de 229 en el 2008 a 1 300 en el 2014. El año pasado se estima que llegó a los 2 000 profesores.
Otro de los aspectos positivos de estas reformas en la educación ha sido el aumento de la producción científica y el número de publicaciones realizadas en Ecuador en los últimos años. Esto, cree, se relaciona con la política de becas, ya que en parte se debe a la reinserción de los becarios al sistema educativo en su retorno al país.
Para Alfonso Espinosa, exrector de la Escuela Politécnica Nacional, la LOES ha permitido detener la creación de universidades que no cumplían con los requisitos de calidad educativa necesarios para funcionar, que era frecuente en años pasados. Pero, entre sus limitaciones está la falta de presencia de representantes de las universidades en el CES y la eliminación de carreras tecnológicas “en la gran mayoría de universidades”.
También se cuestionó la división de estas instituciones en universidades de docencia, educación continua y docencia e investigación. Para Espinosa, no se puede considerar como una universidad a una entidad que no realice investigaciones.
El problema de la exigencia de maestrías como título mínimo para los docentes se cree ha llevado a que se obtenga esta distinción en universidades extranjeras que no necesariamente se destacan por ser las mejores en sus áreas de estudios. El académico pide que se permita conocer abiertamente a los ciudadanos las estadísticas y cifras del estado de la educación superior en el país.
María Mercedes Zerega, vicerrectora de la Universidad Casa Grande de Guayaquil, también planteó los aciertos y desafíos que tiene esta ley y puso como ejemplo el modelo chileno donde los profesores no necesariamente requieren de un tercer nivel para transmitir sus conocimientos. El próximo miércoles, 23 de marzo, se llevará a cabo el foro: Política pública para la educación superior: la financiación de los posgrados, en la Universidad Andina, también con representantes de universidades del país y un miembro académico del CES.
