En el 2013, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador asumió la competencia de la entrega de carnés de discapacidad en el país. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.
En la Ley Orgánica de Discapacidades, vigente desde septiembre del 2012 y su reglamento, de mayo del 2013, se establece que la calificación del porcentaje de discapacidad y emisión del carné está a cargo del Ministerio de Salud. La autoridad sanitaria debe determinar su tipo, nivel o porcentaje y se efectúa a pedido del interesado, de la persona que la represente o de las personas o entidades que estén a su cargo; la que será voluntaria, personalizada y gratuita.
En el caso de personas ecuatorianas residentes en el exterior, la calificación de la discapacidad se realizará a través de las representaciones diplomáticas de conformidad con el reglamento.
Xavier Torres, presidente del Consejo Nacional para las Discapacidades (Conadis), recordó que antes del 2012, el Conadis se encargaba de carnetizar, es decir de entregar el carné a esta población. Pero desde el 2013, el Ministerio de Salud Pública asumió la competencia. “Nosotros estamos a cargo de hacer seguimiento a denuncias“.
El Presidente del Conadis responde algunas preguntas sobre la potestad del Ministerio de Salud al emitir el carné para personas con discapacidad.
¿Cómo era el trámite para conseguir un carné?
Existen 180 puntos de Salud en el país, en donde equipos, compuestos por médicos, hacen una evaluación biopsicosocial. Para acceder a ellos antes hay que obtener una cita, llamando a un call center. Lo más importante era que el interesado presente exámenes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Issfa, Isspol o del MSP. Se descartaba la participación de médicos o centros de salud particulares para evitar que se adulteren los documentos. Si no tuviera los exámenes, el médico del equipo del MSP chequea y deriva a un especialista. El proceso incluye una evaluación psicológica y socioeconómica, a cargo de Trabajo Social.
En estos días se ha hecho pública la denuncia de que algunos de los involucrados en casos de corrupción en la compra de medicamentos e insumos médicos del hospital del IESS en Guayas accedieron a un carné de discapacidad, que les permitió importar vehículos de alta gama. También se dice que algunos políticos habrían accedido al beneficio.
¿Cómo reacciona el titular del Conadis?
“Es necesario revisar si esas personas tenían o no la condición de discapacidad. En el país somos 483 000 personas con alguna discapacidad. Hay discapacidades invisibles como el lupus, la sordera, etc. La discapacidad afecta a todo el mundo y no distingue condición. Pero otra cosa es que un grupo de sinvergüenzas se hayan enquistado en los equipos de calificación y hayan entregado carnés fraudulentos. Eso sería asociación ilícita incluso. Se requieren auditorías, para transparentar quiénes fueron los involucrados. La Fiscalía debe llegar al fondo e identificar a los responsables”.
Sobre la calificación de MSP a personas con discapacidad:
“Acudimos ante la Fiscalía General del Estado. Hemos aclarado que no es nuestra competencia extender carnés, les pedimos investigar y que nos entreguen los expedientes de los casos. El Ministerio nos notificó en noviembre del 2019 de que había una base de datos con 497 nombres de personas que obtuvieron calificaciones y carnés, que fueron eliminados. Al parecer los equipos calificadores de Salud no tenían la acreditación correspondiente. No sabemos si los investigados por corrupción están en ese grupo. Salud nos informó que quienes realizaron la calificación y acreditación no tenían el perfil determinado en el Acuerdo Ministerial 245 del MSP, Registro Oficial 533 del 6 de septiembre del 2018. Además que la calificación y acreditación no corresponde al baremo VM vigente. Y que el contacto de referencia se repite en la mayoría de usuarios”.
¿Por qué estas personas involucradas en casos de corrupción pudieron importar autos de alta gama?
“En la Ley Orgánica de Discapacidades se establecen algunas medidas de acción afirmativas, es decir, beneficios para esta población, para que puedan desarrollarse, pese a sus limitaciones físicas o intelectuales. Por ejemplo descuentos en el transporte público, en espectáculos públicos, servicios como Internet, energía eléctrica, etc. Además la posibilidad de importar un auto”.
Xavier Torres explica que la Ley permitía importar un vehículo, con un cupo de máximo USD 24 000, es decir de 60 salarios mínimos vigentes. Puede ser de hasta tres años de antigüedad.
¿Cómo estas personas importaban autos de alta gama?
“Lo que sé es que la gente que estaba en esa red de corrupción estuvo adulterando facturas y documentos de los vehículos, para estafar y traerlos al Ecuador, con el carné. Entiendo que la Aduana descubrió algunas cosas y no les permitió seguirlo haciendo. Nos molesta que haya médicos irresponsables, que se hayan prestado para abusar de los derechos de las personas con discapacidad, mientras otros médicos salvan vidas durante esta pandemia. También hago un llamado a las personas con discapacidad, para que hagan respetar sus derechos y no se presten para la venta de cupos”.