Organizaciones feministas, de mujeres y de Derechos Humanos presentaron dos demandas contra la Ley de Aborto por Violación, este jueves 4 de agosto del 2022, en la Corte Constitucional. Se trata de una acción de incumplimiento y de una demanda de inconstitucionalidad. El objetivo es que se suspendan los artículos que obstaculicen el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para las víctimas de violación.
Las organizaciones sostienen que el veto presidencial viola estándares internacionales de Derechos Humanos, así como a las disposiciones señaladas en la sentencia de la Corte Constitucional referente a la ley. “Con el veto parcial del presidente Guillermo Lasso se instalaron artículos que ponen en riesgo los derechos de niñas y mujeres víctimas de violencia sexual”.
Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío, dijo que la demanda de inconstitucionalidad tiene el objetivo de impugnar 14 artículos de la ley vigente. “Consideramos que es una ley que obstaculiza, que no protege. Eso es inconstitucional y no corresponde a lo que la Corte planteó en su sentencia”, señaló la médica y activista por los derechos de las mujeres.
La acción de incumplimiento se relaciona con que la norma no cumple con los estándares internacionales que el Ecuador está obligado a cumplir, señala Gómez. “El Presidente y la Asamblea han incumplido con elaborar una ley que responda a los estándares y a la realidad de las mujeres en el país“, dijo. Además señaló que esta y otras acciones que han sido presentadas demuestran que hay inconformidad. Y aseguró que no plantean que se derogue la ley.
Observaciones de las organizaciones
Las demandantes señalan que la Ley que está vigente, tras el veto presidencial tiene varias dificultades. Aseguran que:
- Cambia el objeto de protección de la ley, ya no es la mujer víctima de violación que ha decidido finalizar el embarazo, sino que traslada esta protección al embrión o feto.
- No regula la objeción de conciencia, creando un precedente de negación de un servicio esencial, en un contexto en el cual no hay control ni límites.
- Impone requisitos que son difíciles de cumplir como la denuncia, declaración juramentada y examen médico. Este último es antitécnico pues ningún médico puede diagnosticar un delito.
- Invisibiliza a la población Lgbtiq+ con posibilidad de gestar como los hombres trans y las lesbianas.
- Criminaliza a las mujeres que llegan en emergencia obstétrica con sangrados, poniendo en riesgo su vida.
Se espera celeridad de la Corte
Micaela Camacho, de la Alianza por el derecho al aborto por violación, señaló que las organizaciones de mujeres permanecerán vigilantes para que la Corte Constitucional dé tratamiento a sus pedidos. Piden que la Corte vele por el bienestar de las niñas, las mujeres y las personas con capacidad de gestar. “Creemos que el Estado ecuatoriano no garantiza las vidas de las mujeres, las niñas y las personas disidentes”.
Por su parte, Francisca Morejón, de la Coalición Nacional de Mujeres, recordó que fueron las acciones de las mujeres las que dieron como resultado la sentencia en la que la Corte despenalizó el aborto en el 2021. Esperan, dice, que el alto tribunal en esta oportunidad no se demore más de lo que debe en atender sus pedidos como ciudadanas. “Está en juego la vida de las mujeres, niñas y adolescentes”.
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