La Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea recibió el 18 de enero del 2023 a delegados del Ministerio de Trabajo, de Salud Pública y de Finanzas quienes expusieron sus observaciones al proyecto de reformar la Ley de Prevención, Protección y Atención de las Personas que Padecen Diabetes.
Dicha Comisión se encuentra en la fase final de recepción de observaciones que servirán de insumo para la construcción del informe para segundo debate que pasará a conocimiento y análisis del Pleno de la Asamblea Nacional.
En su intervención, el director de Políticas y Normas de Servicios Públicos del Ministerio de Trabajo, Iván Andrade, habló sobre los permisos laborales para la atención en salud y la discriminación para acceder a una plaza de empleo.
El funcionario mencionó que están de acuerdo con los permisos laborales establecidos para la atención médica por esta enfermedad a los trabajadores, sin embargo, aclaró que ya se encuentran regulados en la Ley de Servicio Público y en el Código de Trabajo.
La no discriminación por motivos de enfermedad para acceder a un puesto de trabajo en el sector público o privado es un principio que también consta en la Constitución, recordó Andrade.
El subsecretario de Vigilancia del Ministerio de Salud Pública (MSP), Francisco Pérez, inició su intervención explicando las estrategias de la Cartera de Estado para brindar atención integral, sobre todo a pacientes con enfermedades crónicas.
Pérez afirmó que la propuesta de reforma se contrapone a las acciones que están ejecutando como Ministerio enmarcados en la Ley de Salud que establece que se debe dar una atención y un enfoque integral a todas las enfermedades.
“La diabetes forma parte de un número de enfermedades que son consideradas factores de riesgo cardiometabólico”, dijo. Agregó que no se puede dictar una ley para cada enfermedad, sino trabajar de formar integral conforme lo determina la Constitución.
Para Marcos Molina, presidente de la Comisión de Salud, la intervención del delegado del Ministerio de Salud no responde a la realidad porque los pacientes que llegan a los hospitales no encuentran insulina, medicamentos y una atención digna.
De su parte, Olga Núñez, delegada del Ministerio de Finanzas, indicó que el proyecto no cuenta con una cuantificación y fuente de financiamiento.
Señaló que “incorporar a un nuevo grupo de personas a esta atención médica demandará recursos al Estado que debería contar con una fuente de financiamiento” y reiteró que este beneficio carece de sostenibilidad económica.
La reforma a la Ley de Diabetes establece un régimen legal para garantizar las medidas de prevención y diagnóstico en todas las etapas, a través de un programa nacional de atención a la enfermedad, que es la segunda causa de muerte en el país.
También se busca actualizar la ley, vigente desde el 2004, y cambiar el enfoque del tratamiento hacia un abordaje multidisciplinario con énfasis en la prevención, en especial a los grupos de atención prioritaria, comunidades, y pueblos.
Además, con la propuesta se busca garantizar los derechos de las personas que padecen la enfermedad de manera integral; que la diabetes no sea causa de discriminación; que no se niegue el seguro médico privado y que las instituciones de educación superior fomenten la especialización de profesionales para su tratamiento, de acuerdo con el planteamiento de la reforma.
Otro punto es que se asegure el acceso, actualización e inclusión de fármacos en el Cuadro Nacional Básico de Medicamentos.
Una de cada diez personas padece diabetes
En sus intervenciones en los distintos debates de la reforma, la directora de la Casa de la Diabetes, Ana Fernanda Sánchez, ha enfatizado la importancia de la ley debido a que se trata de una patología crónica, invasiva, que ha causado millones de muertes.
Por ello se busca garantizar la atención integral y se propone que: el ente rector le da la posibilidad de generar un programa nacional de atención a la diabetes, en el que se aborde la prevención, alimentación saludable, ejercicios físicos, control y salud mental.
Paúl Gárate, presidente de la Alianza Nacional por la Salud, también ha recordado que en Ecuador una de cada 10 personas padece diabetes y en muchos casos se complica con otras enfermedades.
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