Las notificaciones fueron enviadas a la minsitra de Educación Monserrat Creamer (izq.), el director del COE Nacional y del ECU-911 Juan Zapata (der.), y el director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (Sngre) Rommel Salazar. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
La Defensoría del Pueblo presentó una solicitud de medidas cautelares para evitar que “niños, niñas y adolescentes del Ecuador sean expuestos al riesgo inminente de contagiarse del covid-19 debido a la disposición del Ministerio de Educación y del COE Nacional del retorno progresivo a clases”.
El juez constitucional de Quito Nelson Geovanny Goyes deberá analizar la solicitud firmada por el abogado Harold Burbano Villarreal, Coordinador General de Protección de Derechos de la Defensoría del Pueblo.
El documento fue presentado el pasado lunes 1 de marzo de 2021, un día después de que el COE Nacional presentara un plan piloto para el retorno a clases presenciales en 77 planteles del país.
Con la decisión, asegura la Defensoría, se estaría poniendo “en una situación que pone el peligro su vida, que es un derecho, que de consumarse la violación, no se lo puede restituir, es decir el daño sería irreversible“.
El documento menciona que, pese a que el plan piloto menciona la implementación de protocolos de bioseguridad en estas instituciones, “la ciudadanía no tiene conocimiento del plan de retorno a clases ni cómo serán las medidas de bioseguridad a implementarse, ni existen las garantías mínimas y necesarias para que la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes no se vean gravemente afectada”.
“Esta decisión expone innecesariamente a los niños, niñas y adolescentes y por ende a sus familiares directos, entre los que se encuentran adultos mayores, a un contagio masivo, sin considerar su calidad de grupos de atención prioritaria, más aún, considerando que el plan de vacunación del Ministerio de Salud es limitado y no los ha tomado en cuenta en las primeras fases”, continúa la solicitud firmada por Burbano.
También señala que esto ocurre mientras que funcionarios públicos continuarán realizando sus labores mediante teletrabajo hasta por lo menos el 15 de marzo. “Lo que se debería garantizar es el acceso adecuado, efectivo y permanente a medios tecnológicos que permitan el ejercicio del derecho a la educación en condiciones de calidad y calidez”.
Las notificaciones fueron enviadas a la minsitra de Educación Monserrat Creamer, el director del COE Nacional y del ECU-911 Juan Zapata, y el director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (Sngre) Rommel Salazar.
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