El presidente Rafael Correa firmó, el jueves 30 de junio, el Decreto Ejecutivo 1103. El único artículo del documento dispuso la extinción de la Empresa Pública de Fármacos (Enfarma EP), que tenía siete años de funcionamiento.
El artículo 1 del texto dice: “Disponer la extinción de la Empresa Pública de Fármacos Enfarma EP, previo el correspondiente proceso de liquidación, que deberá efectuarse en conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas.
La primera disposición transitoria señala que en el plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de suscripción del Decreto, el presidente del Directorio propondrá a los demás integrantes la liquidación de la empresa. En el mismo plazo, el Directorio resolverá la liquidación de la empresa y designará al correspondiente liquidador.
Una vez designado el liquidador de la empresa, él dispondrá de un plazo de 90 días para concluir con el proceso.
También, en el plazo de 90 días, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, la Secretaría Nacional de la Administración Pública y los ministerios de Trabajo, Finanzas, Industrias y Productividad ejecutarán las acciones de carácter administrativo, a fin de asegurar la ejecución del Decreto. También deben cerciorarse la continuidad en la ejecución de los distintos programas y proyectos que se encuentren a cargo de Enfarma.
La tercera disposición transitoria indica que una vez cubiertos todos los pasivos, el remanente de activos de la empresa liquidada pasarán a propiedad del Ministerio de Industrias y Productividad. Lo dispuesto entra en vigencia a partir de la fecha de la firma.
¿Por qué cerró Enfarma?
Los giros económicos y políticos afectaron el funcionamiento de la estatal farmacéutica. Según una investigación de la revista Vistazo, de junio de este año, “en el 2015, la empresa proyectó vender USD 45,5 millones en medicamentos a la Red Pública de Salud. Vendió apenas USD 12,2 millones”. A la empresa tampoco llegaron, ese año, USD 10 millones de aporte estatal.
En la misma publicación se reseña que el Estado no logró concretar la construcción de un complejo farmacéutico en Yachay (Imbabura) para que ahí se puedan realizar los medicamentos que necesitaba el país y los miembros de ALBA. En esta empresa trabajaban 138 funcionarios según la revista Vistazo.