El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aprobó este miércoles, 27 de abril del 2022, la resolución sobre los 30 postulantes mejores puntuados, dentro del proceso para la designación de la principal autoridad de la Defensoría Pública. Aún falta una fase para que quede conformada la Comisión Ciudadana de Selección.
Los consejeros conocieron el informe presentado por la coordinadora del equipo técnico de apoyo al proceso, Zaidy Mora.
Informó que se cumplió con la constatación de 82 expedientes de candidatos que buscaron conformar la Comisión Ciudadana de Selección. Esta es la que debe llevar a cabo el concurso de designación.
En el informe técnico se recomendó al Pleno determinar a los 30 mejor puntuados: 15 mujeres y 15 hombres. También se indicó que cuatro postulantes incurrieron en inhabilidades al momento de la postulación.
La consejera Ibeth Estupiñán mocionó el proyecto de la resolución en la que quedó aprobadas las listas. Además, se resolvió solicitar a la Función de Transparencia que remita el nombre de un delegado hombre. El anterior delegado, Manuel Balda, ya no es funcionario de esa institución.
La Comisión debe integrarse por 10 miembros: 5 delegados de las Funciones del Estado y 5 representantes de la ciudadanía. Por lo que la siguiente fase es el sorteo público, ante un notario, para definir a los comisionados principales y suplentes).
Consejeros en desacuerdo
El consejero David Rosero no estuvo de acuerdo con la resolución. Alegó que se vulneran los derechos ganados de los cuatro postulantes excluidos porque la anterior administración del Cpccs aprobó en 2021 el informe técnico sobre méritos y recalificación de los candidatos.
Las mismas razones adujo el consejero Juan Javier Dávalos. Ambos votaron en contra de la resolución de la mayoría.
La vicepresidenta del Cpccs, Fernanda Rivadeneira, dijo que la Ley Orgánica del Consejo y el Reglamento de las Comisiones de Selección le faculta al Pleno, en cualquier etapa de los concursos, para solicitar información a distintas entidades sobre un postulante.
Por su parte, la consejera Sofía Almeida se abstuvo de votar por considerarlo “un acto ilegal”. Insistió en que se trata de una “metida de mano” en los concursos, como el de la Defensoría Pública, “cuando el proceso ya avanzó”.