Este martes 19 de enero del 2021, colectivos de mujeres presentaron el informe ‘Nuestros derechos, nuestras demandas’. Foto: Twitter Fundación Desafío
“Ser niña, adolescente y mujer en el Ecuador es complejo y desafiante, debido a las condiciones de desigualdad estructural, más aún si la persona es indígena, afroecuatoriana, montubia, de la diversidad sexo-genérica, de una orientación sexual no heterosexual, migrante, refugiada, con diversidad funcional (discapacidad), privada de libertad, entre otras”, dicen mujeres organizadas, que este martes 19 de enero del 2021 presentaron ‘Nuestros derechos, nuestras demandas’, de cara a las elecciones del 7 de febrero.
En un documento recuerdan el típico comentario que escuchan de hombres. “Las cosas ya han cambiado. ¿Qué más quieren?”. Y ellas responden: “Queremos ser niñas, no madres. Queremos terminar la escuela y no tener que trabajar prematuramente, cuidar la casa y la familia. Queremos desarrollar nuestros proyectos de vida sin que nos impongan un rol de género. Queremos que paren de explotar nuestros recursos naturales sin siquiera preguntarnos. Queremos caminar tranquilas por la calle sin que nos acosen sexualmente constantemente. Queremos decidir sobre nuestro cuerpo sin que nos lleven a prisión y que si nos violan podamos decidir si queremos o no parir el producto de ese delito. Queremos que nos paguen igual salario por el mismo trabajo y que no prefieran a nuestro colega hombre porque él no se embaraza. Queremos participar activamente en la vida pública sin sufrir acoso ni violencia política. Queremos que nos dejen de utilizar para campañas electorales y luego no cumplir lo prometido”.
En estos primeros días del año, los 16 presidenciables se han presentado en debates. Y uno que otro ha hablado sobre la violencia de género, oportunidades para mujeres emprendedoras, incluso en torno a la posibilidad de no penalizar el aborto por violación. Pero las mujeres organizadas en colectivos piden no ser “relleno” en las agendas de campaña electoral.
Entre otros temas, recomiendan a los candidatos:
– Expedir la Ley de Igualdad que aborde los diversos ámbitos de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, los mecanismos institucionales y de política pública.
– Crear una Comisión Legislativa Especializada Permanente para los derechos de las mujeres y las niñas a fin de crear nueva legislación y reformas en materia de igualdad y no discriminación.
– Crear la Dirección de Género en la legislatura.
– Aprobar el Código Orgánico de la Salud en términos que hagan efectivos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que tomen en cuenta a las poblaciones en los territorios y a la población Lgbtiq+, regulando la dotación de métodos anticonceptivos sin discriminación.
– Priorizar en la Agenda Legislativa 2021-2025 la elaboración y promulgación de la Ley del Sistema Nacional de Cuidados.
– Tipificar la violencia obstétrica en el COIP y diseñar políticas públicas para disminuirla.
– Dar cumplimiento a las sentencias nacionales emitidas por la Corte Constitucional y sentencias internacionales expedidas por órganos de administración de justicia supranacionales.
– Proponer políticas públicas y expedir normativa que aborde la equiparación de oportunidades, acciones afirmativas y las necesidades relacionadas a las problemáticas que enfrentan las mujeres con discapacidad, garantizando su participación activa, independencia y consulta plena.
– Aprobar la Política Pública Lgbtiq+, con énfasis en la prevención, investigación y sanción de las muertes violentas de mujeres trans. Aprobar normativa a nivel local basada en los postulados constitucionales de igualdad y no discriminación.
Además, cuestionan el rol y rango del Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG) y la conceptualización de las mujeres como grupo de atención prioritaria. Ese organismo, dicen, no trabaja el tema de mujeres de pueblos y nacionalidades. No se ha visibilizado una agenda de género inserta en los planes de desarrollo locales. Es preocupante el abandono de los Planes de Igualdad, en tanto suponen el instrumento técnico-político que asigna recursos para la implementación de políticas de igualdad de género a partir de una ruta intersectorial e interinstitucional. Por eso, piden:
– Elevar el rango institucional del CNIG, a Ministerio de La Mujer. Crear un Consejo Especializado para la población LGBTIQ+. Reformar la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, otorgando centralidad a los sujetos de derechos y garantizando la obligatoriedad de implementación de la agenda, planes y resoluciones de los Consejos de Igualdad.
En cuanto a la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres señalan que hay que fortalecer orgánica y presupuestariamente a la Secretaría de Derechos Humanos para la efectiva aplicación de la Ley en todo el país.
¿Qué les preocupa? Más de 100 feminicidios ocurrieron en el 2020, cuando la Ley lleva tres años. Las cifras oficiales de las 14 instituciones que forman parte del Sistema de Protección dicen que 5 292 mujeres en situación de violencia psicológica, física y sexual fueron atendidas hasta noviembre de ese año.” Penosa cifra, si se considera que hubo, en ese mismo lapso, 75 601 llamadas al ECU-911. Es decir, 70 306 mujeres no recibieron apoyo”.