Gremios avizoran un aumento en el pago de los seguros de salud y de vida por la pandemia del covid-19. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
Por el incremento de los casos de coronavirus, María Fernanda Revelo intensificó la búsqueda de un seguro privado para su tío. Él tiene 62 años y no cuenta con afiliación al IESS, por lo que en caso de contagiarse o de adquirir otra patología estaba desprotegido.
Pese a la emergencia sanitaria, ella encontró varias opciones, ya que las empresas de salud privada y las de medicina prepagada debían mantener sus servicios frente a cualquier enfermedad, incluida covid-19.
En la renovación del estado de excepción, emitida por el Ejecutivo el 15 de junio, se ratificó que estas firmas no podían limitar la cobertura para la evaluación, atención y tratamiento a sus clientes; más aún si se trata de alguien infectado con la nueva cepa del virus.
María Fernanda adquirió un seguro individual de USD 5 000, para atención hospitalaria y médica, y una cantidad similar por motivo de fallecimiento del titular. Mensualmente paga USD 31,10.
“Tiene muchos beneficios y en caso de llegar a infectarse tendría acceso al tratamiento y hospitalización completos, según el monto contratado”.
Ese ha sido el compromiso del sector asegurador, enfatiza Patricio Salas, secretario ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros. En el país hay 30 compañías.
Antes de la pandemia, recordó, el covid-19 no estaba en la lista de riesgos, simplemente no existía. Por lo que fue un reto, en especial, en provincias en donde se registran más contagios como Pichincha y Guayas. Hasta el viernes 3 de julio del 2020, ambas concentraron el 47,55% de contagios a escala nacional.
Algo que destaca es el incremento en el monto de las reclamaciones de los seguros de vida. Entre enero y mayo, por motivos de siniestros, se cancelaron USD 91 millones. Si se compara con el mismo período de 2019, en el que se pagaron USD 57,2 millones, se puede ver que el aumento es del 59%; tomando en cuenta que aún los servicios no se han retomado en su totalidad, por lo que esperan más reclamaciones. La pandemia sí ha incidido, dice.
Un aumento similar se avizora en el pago de seguros de salud. Antes, una persona no iba a un centro médico por una gripe o molestias respiratorias. En general, anota, acudía a la farmacia. Hoy, el panorama ha cambiado, al igual que los requerimientos.
Pese a ello, en las compañías no se ha suspendido la cobertura, pero sí se alerta que se cubre según el monto que consta en los contratos de los afiliados. Ernesto González es gerente de Proassislife, firma de medicina prepagada que cuenta con 250 000 clientes.
Él explica que los seguros cubren de forma integral toda enfermedad, pero hay “límites de acuerdo a los montos contratados por cada persona”.
Por ejemplo, los rubros en terapia intensiva de las clínicas ‘top’ de Quito superan los USD 2 800 al día, por lo que a la persona que tenga una cobertura de USD 10 000 le alcanzará para unos cuatro días de estadía.
Ante eso asesoran a los afiliados para evitar inconvenientes. ¿Pueden ayudar a quienes excedieron su cobertura? González responde que no, porque eso perjudica al resto.
Sin embargo -dice- los beneficios que ofrecen son amplios. “La compañía cubre el 80% del total a pagar; mientras que a la persona le corresponde el 20%”. Así, si alguien se realiza una prueba PCR, a un costo de USD 120, deberá pagar USD 24. Los USD 96 restantes corren por cuenta del seguro.
Laboratorios como PraxMED han realizado alianzas con estas empresas, con el objetivo de brindar precios preferenciales a los afiliados.
Por ejemplo, los clientes de Ecuasanitas, SaludSA o Confiamed acceden a la prueba rápida (de sangre) a USD 15. Generalmente cuesta 40, explica Gabriela Zambonino.
Otro de los beneficios -cuenta- es la reducción del precio de las PCR, a las que pueden acceder por USD 105.
Saludsa también ha cubierto esta enfermedad. Hasta el viernes, más de 2 000 clientes recibieron cobertura médica. El monto supera los USD 2 millones.
Una afiliada de otra empresa de seguros señaló que el monto de un examen para covid-19 fue de USD 294. La firma le desembolsó USD 120. Su cobertura era mayor.
En la Defensoría del Pueblo existen denuncias al respecto. Entre marzo y julio se receptó una de este tipo de un total de 27 reportadas.
El resto corresponde a problemas suscitados en el contexto de la emergencia. Al no tener recursos, los clientes buscan terminar los contratos y no se les ha dado facilidades.
En la Ley de Apoyo Humanitario, en vigencia desde el 19 de junio, se incluyó la reprogramación del cobro de las cuotas mensuales de seguros. Terminado el estado de excepción los valores se pagarán en cuotas hasta un máximo de seis meses cuando eso termine.
Martha, que cuenta con un seguro familiar, se queja porque ella y su esposo se contagiaron. Él estuvo grave, necesitaba una UCI y no pudo concretar la cobertura en el sistema privado. Tuvo que acceder a un hospital público porque no hubo camas disponibles.
Días atrás, la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador informó que su capacidad llegó a niveles máximos. No hay camas.