Las instalaciones de la Universidad de Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
En una sesión extraordinaria, el Consejo de Educación Superior (CES) emitió una nueva resolución sobre la crisis que afronta la Universidad de Guayaquil ante la falta de definición en su rectorado. El documento fue aprobado por unanimidad la noche de este viernes 12 de octubre de 2018.
En una de sus partes la disposición recomienda aplazar el inicio se las actividades académicas en una semana, a partir del 15 de octubre, para precautelar la seguridad de la comunidad universitaria. Esto debido a los fuertes enfrentamientos de esta semana. Los miembros del CES rechazaron, nuevamente, los actos violentos dentro de este centro de estudios.
También insistieron en que el Consejo Universitario y las autoridades deben cumplir lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), los estatutos internos y la resolución que emitieron el pasado miércoles, especÃficamente, “en lo que respecta a la lÃnea de subrogación o reemplazo del rector y vicerrectores”.
Durante dos semanas la U. de Guayaquil ha estado fragmentada. Gulnara Borja y Antonio RodrÃguez se han presentado como rectores tras la salida de Galo Salcedo por observaciones de la ContralorÃa General del Estado. Pero también hay dos consejos universitarios, dos grupos estudiantiles opuestos, dos decanos en algunas facultades…
Los miembros del CES reiteraron, además, que el plazo para notificar el cumplimiento de sus resoluciones vence el lunes a las 16:00. Ese dÃa se reunirán una hora después para revisar la información, que solicitaron sea enviada en copias certificadas.
El organismo advirtió nuevamente que evaluará y resolverá acciones si se mantienen las condiciones de violencia e inestabilidad. En esta parte el documento hace referencia al artÃculo 197 de la LOES y siguientes, que hablan de la intervención de los centros de educación superior.
El artÃculo 199 establece como entre las causales de intervención “la existencia de situaciones de violencia que atenten contra el normal funcionamiento institucional y los derechos de la comunidad universitaria o politécnica, que no puedan ser resueltas bajo los mecanismos y procedimientos establecidos por las instituciones de educación superior”. La Universidad de Guayaquil ya pasó por un proceso de intervención, que empezó en 2013 y finalizó en 2016.
La inestabilidad administrativa que sufre en los últimos dÃas la universidad más grande del paÃs (con 77 000 estudiantes) ha generado dificultades en el proceso de matriculación, emisión de actas de grado, incluso en las fases de recategorización y concursos para docentes.