El ministro Augusto Espinosa minimizó el pedido de juicio político que un asambleísta de oposición solicitó, por no haber asegurado una Unidad del Milenio que resultó afectada por el terremoto. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
El ministro de Educación, Augusto Espinosa, opinó que el legislador de Avanza, Bayron Pacheco, está en su derecho de solicitar cualquier procedimiento que esté debidamente normado.
Esto en relación al anuncio de que reunió las 37 firmas de respaldo necesarias, para impulsar un pedido de juicio político en su contra.“Me tiene sin cuidado, sin embargo, siempre se debe respetar la normativa, el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, sobre la presunción de legitimidad.
Se presume legalmente que las operaciones y actividades realizadas por instituciones del Estado y sus servidores son legítimas, a menos que la Contraloría como consecuencia de auditoría declare lo contrario”. Eso expresó consultado por EL COMERCIO, Espinosa.
El pedido de juicio político se da porque el Ministro no aseguró la Unidad Educativa del Milenio de Pedernales. “En tres años el Estado debía invertir USD 27 000 en la póliza, y así recuperaba USD 4,5 millones”, sostuvo el asambleísta de Avanza, quien insiste en que Espinosa se equivocó en sus cálculos.
El terremoto del pasado 16 de abril destruyó esa institución, una de las 62 unidades educativas del Milenio que construyó el actual Gobierno.
El Ministro dijo, en una entrevista anterior con EL COMERCIO, que no teme un proceso en su contra porque ese será el escenario para demostrar “de manera técnica” las razones económicas por las que no se cumplió con la disposición del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de Bienes Públicos de Contraloría.
“¿De dónde hubieran salido los recursos? De los ingresos permanentes, de impuestos. Eso debió suponer que se deje de hacer algo, dejar de dar alimentación escolar, no recategorizar a los docentes. Eso, si la decisión hubiera pasado por el Ministro, cosa que no es tan precisa. Y no se debería asegurar una sola escuela sino las 13 500 instituciones que tiene el país”. Eso replicó Espinosa.
María José Carrión, asambleísta de Alianza País, que dirige la Comisión de Fiscalización, dijo que no podía adelantar criterios sobre si prosperara o no este pedido de juicio político en contra de Augusto Espinosa. Apuntó que ese tema debe ser revisado, pues necesitan analizar la documentación de cargo y descargo, para pronunciarse.
Consultada sobre cuál es la posición del bloque oficialista en torno al caso dijo que como titular de la mesa deberá esperar a que el Consejo de Administración Legislativa pase el caso a Fiscalización. Y entonces estudiarán la solicitud y emitirán un informe.