René Ramírez, presidente del Consejo de Educación Superior, durante una rueda de prensa este jueves 31 de marzo del 2016.
La Ley de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas Suspendidas que se encuentra pendiente de segundo debate en la Asamblea Nacional será el cuerpo en el que se incluyan los cambios para reformar las asignaciones a universidades particulares cofinanciadas. Es decir, las que reciben recursos por parte del Estado.
Lo confirmó René Ramírez, presidente del Consejo de Educación Superior, este jueves 31 de marzo del 2016, en una rueda de prensa. El funcionario esclareció el nuevo método con el que se repartirán esos recursos. Los cambios serán “sugeridos” a la Asamblea Nacional antes del segundo debate de esa Ley.
Los recursos que son entregados a estas universidades, según la Ley de Educación Superior (LOES) deben ser destinados en su totalidad a becas para estudiantes de bajos recursos económicos. Sin embargo, según el CES solo cinco de las ocho cofinanciadas están cumpliendo esta normativa.
La idea, con el cambio en el proceso de asignaciones, es que el subsidio ya no sea entregado directamente a los centros de estudio sino a los alumnos beneficiarios. Esto porque –dijo Ramírez- no ha habido efectividad en el gasto de recursos. El 57% de los recursos se estarían usando en gastos administrativos.
El proceso iniciará con la admisión de los alumnos a cualquiera de los ocho centros cofinanciados. Solo una vez que los interesados hayan aprobado a cualquiera de estas universidades podrán aplicar, vía on-line, a la beca. Y tras un estudio que involucrará parámetros de estrato socioeconómico y de excelencia académica se asignarán las becas. Posteriormente el Ministerio de Finanzas entregará los recursos directamente a las universidades.
El costo que el Estado destinará para el programa no será impuesto por las universidades que acogen a los estudiantes sino por la Senescyt. Esto puesto que en muchos casos los aranceles cobrados son superiores a lo que en realidad cuestan los programas de estudios, según el funcionario. Todavía se analiza la pertinencia de subisidiar también costos por manutención de los alumnos.
Con este nuevo procedimiento se plantea incrementar el número de estudiantes beneficiarios de becas sin cambiar el monto de asignaciones, que actualmente es de unos USD 73 millones. En caso de que haya dinero excedente se destinará a programas de posgrados en las universidades públicas. Los cambios no serán retroactivos, es decir, que los alumnos que actualmente cursan estudios en este tipo de establecimientos con beca la seguirán persiguiendo hasta la finalización de sus posgrados.
En cuanto a las reformas que afectarán a los establecimientos públicos de posgrados como la Universidad Andina Simón Bolívar y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Ramírez mencionó que todavía se está “estudiando la manera en la que se actuará”.
