Los alumnos del Colegio Montúfar dan sus versiones sobre las protestas de febrero en la Junta de Protección de Derechos este jueves 24 de marzo del 2016. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO
A las 9:20 de este 24 de marzo del 2016, se inició una audiencia en la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de Quito.
Acudieron los representantes legales de 22 alumnos del Colegio Juan Pío Montúfar vinculados a la investigación que se abrió tras las violentas protestas del 15 y 16 de febrero pasado. En la cita se evalúa si existió o no vulneración de derechos a los alumnos sancionados por el Distrito Educativo Eloy Alfaro.
La Junta de Resolución de Conflictos de ese distrito, según el Ministerio de Educación, sancionó a 20 de los 22 involucrados. Con los dos restantes la investigación seguirá, pues se aceptó sus pruebas de descargo. Así, nueve alumnos fueron suspendidos por 30 días, dos por 20 días y un estudiante por 15 días. Estos estudiantes deberán reintegrarse a clases el lunes 28 de marzo. Otros ochos alumnos serán reubicados en una institución fiscal diferente, aunque todavía no se ha confirmado cuáles.
A la audiencia fueron convocados José Drouet, directa de la Junta de Resolución de Conflictos del Distrito, y Ximena Salgado, rectora del Colegio Montúfar. Sin embargo, estos funcionarios no se presentaron y enviaron a sus abogados como delegados. Por tratarse de una audiencia que involucra intereses de menores de edad, no fue pública. Carla Cevallos, concejal de Quito, tuvo que abandonar la reunión, pues dijeron que no había sido convocada. Ella ha sido una de las autoridades que se ha pronunciado a favor de los alumnos y sus derechos.
En los exteriores del Centro de Equidad y Justicia Tres Manuelas, donde se realiza la audiencia, otros familiares de los estudiantes sancionados muestran carteles con mensajes de apoyo. Dentro, los alumnos brindan sus testimonios ante los técnicos de la Junta de la Niñez y Adolescencia.
