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CC escuchó argumentos sobre salarios de maestros

Presidente de la Corte Constitucional aclaró que las normas de la LOEI suspendidas por una sentencia, no fueron declaradas inconstitucionales. Foto: Captura.

Esta tarde finalizó la audiencia donde la Corte Constitucional (CC) escuchó a las partes procesales y terceros sobre la equiparación salarial y su financiamiento. Este 12 de mayo del 2022, Alí Lozada, presidente del organismo, dio el plazo de tres días laborables para que los intervinientes formalicen y ratifiquen sus argumentos. Así, la CC escuchó argumentos sobre salarios de maestros.

La CC debe resolver dos causas referentes a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). La Corte se enfocará en si las instituciones competentes subsanaron o no los vicios de inconstitucionalidad. La audiencia se desarrolló mientras docentes protagonizaron un plantón en los exteriores de la Corte.

Antes de iniciar con las intervenciones de las partes procesales en la audiencia, Lozada hizo algunas aclaraciones respecto a las competencias que desempeñará la CC y la metodología de la audiencia.

Precisó que la CC “es totalmente independiente” y no interviene en conflictos sociales relativos a demandas gremiales. Esas deben ser resueltas por las Funciones Ejecutiva y Legislativa. Excepto cuando existen procesos judiciales.

"La intervención de la CC, incluso en estos casos, se reduce estrictamente a la materia de esos procesos judiciales que debe resolver”, sostuvo.

Causas por resolver

El 11 de agosto del 2021, la CC distó una sentencia en la que resolvió dos demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley reformatoria a la LOEI.

Lozada explicó que con la resolución “la CC dijo que en general la ley era constitucional”. Sin embargo, señaló, hay dos grupos de disposiciones en esa Ley que tenían vicios.

Un grupo tenía que ver con "ciertas mejoras jubilares" y el otro grupo con mejoras en remuneraciones, dijo. El último corresponde a las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional en marzo del 2021 sobre la equiparación salarial. De ahí derivó la orden de subsanar las fuentes de financiamiento.

Se incurrió en vicios por no respetar el principio de sostenibilidad fiscal, en esa medida, “la CC suspendió la vigencia de estos dos grupos de normas. No declaró la inconstitucionalidad de aquellos. Pidió un plazo dentro del cual la Asamblea Nacional y el Presidente de la República podían, si tenían la voluntad política para ello, subsanar esos vicios de inconstitucionalidad”, puntualizó Lozada.

Ahora, con la aprobación de fuentes de financiamiento para la equiparación y el veto total del Ejecutivo, a la CC le corresponde resolver “si es que esa subsanación se ha producido o no”, así como resolver la objeción presidencial, agregó.

Exigencias de organizaciones

El presidente de la CC indicó que se escuchará a las partes procesales y a quienes presentaron un amicus curiae. Se presentaron 30, pero por limitaciones de tiempo, solo se permitió la intervención de 10. No obstante, dijo que para el análisis de los casos será considerado cada escrito de todos los los amicus curiae.

La presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Isabel Vargas y su representante legal, Ángel Orna, intervinieron como segundo amicus curiae.

Orna refirió que el Legislativo subsanó conforme a la sentencia de la CC y que el artículo 26 de la Constitución “dispone expresamente que la educación es un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal. Por lo tanto, es innegable que el Gobierno central tiene la obligación de cumplir dicho mandato”. Adujo que la equiparación es un derecho y que “los derechos no son regresivos”.

William Basantes, representante de la Federación de Barrios de Quito, solicitó a la CC que no dilate más la equiparación salarial.

Postura del Gobierno

Ante las preguntas de Lozada sobre las estimaciones del Gobierno sobre el impacto anual que significará la ley aprobada, representantes de la Presidencia y del Ministerio de Finanzas reconocieron que es de USD 496 004 106, 96.

Daniel Ruiz, asesor de la Comisión de Educación de la Asamblea, destacó que eso respalda lo actuado por el legislativo. Esa Función contabilizó que el impacto será de USD 630 702 332,00.

Sin embargo, Yolanda Salgado, abogada de la Presidencia, insistió que la ley se aprobó sin el dictamen favorable de Finanzas. Que no se trata de voluntad política sino de responsabilidad con la sostenibilidad fiscal. En el mismo sentido se refirió la defensa de la Procuraduría.

Ambas solicitaron a la CC que acepte la objeción y se declare la inconstitucionalidad del texto reformatorio a la LOEI.