2 años de Lenín Moreno

Hace dos años, Lenín Moreno llegó con el correísmo pero decidió distanciarse de él. Y demostró que no se trataba de un tema de estilo o de discurso. Este año, en donde tiene menor capital político y las estrecheces económicas se hacen más evidentes, ha tenido que apretar e acelerador para cambiar el enfoque frente a la crisis económica. El antes satanizado Fondo Monetario Internacional ahora es el eje de las reformas. Y la apertura es una consigna que incluye, sin tapujos, a Estados Unidos. Hay el claro deseo de incorporar al Ecuador al comercio mundial sin discursos autárquicos. Y si el frente económico ha sido el mascarón de proa de la transición, Moreno también ha tomado distancia en lo político, con una reinstitucionalización, con un cambio frente a las libertadesde opinión y de expresión y con el diálogo, que se pondrá a prueba en las siguientes semanas. Y no solo en las mesas temáticas, sino en la Asamblea Nacional, donde los acuerdos nacionales mínimos tienen que convertirse en leyes. La seguridad y sus problemas, las promesas de la lucha contra la corrupción que aún deben cumplirse, así como las obras de infraestructura, se juntan a los retos en materia social, en los que Moreno ha persistido. Una visión sobre este medio período.

Hay tres giros de carácter político que marcaron el camino de la presidencia de Lenín Moreno en estos dos años de Gobierno. El primero fue cortar su anclaje al proyecto correísta, el otro retomar la libertad de prensa y el tercero haber instaurado un política de diálogos que le ha permitido sentarse finalmente para anunciar el Acuerdo Nacional. “Este proceso tiene un pueblo entero y tiene un nombre: Revolución Ciudadana”, decía Moreno en su posesión. Aun así , se alejó del correísmo una vez que les quitó funciones en el Gobierno a Ricardo Patiño y a Patricio Rivera, quienes supervisaban la continuidad del modelo. Esto se acentuó cuando le retiró las funciones al vicepresidente Jorge Glas, apresado por corrupción.

"Una característica importante del diálogo fue que sentó en la mesa a los estamentos de la sociedad que estuvieron relegados en el correísmo”

Más tarde, convocó a una consulta popular que le dio un mandato para la reinstitucionalización del Estado, con el que se logró remover a las autoridades leales a Correa en los órganos claves del Estado. Una estrategia correísta fue poner cortapisas a la información con una Ley que declaraba servicio público al trabajo periodístico y lo regulaba con una Superintendencia. Moreno, a través de la Asamblea, reformó el 75% de la ley y eliminó la Superintendencia. Sin embargo, la ley no ha sido reformada en sus partes críticas, como las rectificaciones . La tercera táctica de gobernabilidad de Moreno ha sido el diálogo, con una estrategia planificada para tres momentos. Los dos principales son de diálogo, y la final pertenece a un Acuerdo Nacional. Una característica del diálogo fue que sentó en la mesa a los estamentos de la sociedad que estuvieron relegados durante los 10 años del correísmo. La metodología utilizada puede ser un punto en contra, ya que luego de dos rondas de diálogos, algunos sectores han decidido no seguir en el Acuerdo Nacional, como es el caso del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).

Un mayor grado de violencia en actos delictivos y en la resolución de conflictos interpersonales; además, la presencia de personas armadas en actividades como la minería ilegal y el narcotráfico, hacinamiento en las cárceles y accidentalidad vial fueron puntos críticos en materia de seguridad en el segundo año del régimen de Lenín Moreno.Este 2019 se incrementó en un 35% el robo de motos (1 829 casos de enero a abril frente a 1 353 en igual período del 2018), en un 12,46% el robo a unidades financieras, en un 11,38% el robo a personas en Ecuador.

El agravante es la violencia, personas heridas en medio de atracos, secuestro exprés o riñas. La violencia llegó al extremo de ajusticiamientos, como el triple crimen en Posorja, o femicidios en la calle, como el de Diana en Ibarra, o asesinatos de presos frente a guardias. El Ministerio del Interior tiene un plan para fortalecer la seguridad con al menos cinco aristas: un convenio de gobernanza en seguridad con los gobiernos locales (municipios); una estrategia de institucionalización policial; un proyecto de Ley de Convivencia Ciudadana; un reglamento para armas no letales; una estrategia de coordinación entre Policía, Fiscalía y Consejo de la Judicatura.

"En el 2018 Ecuador reportó 987 homicidios, un incremento del 1,54% frente al 2017. Sin embargo, aún hay más muertes por accidentes de tránsito”.

La ministra María Paula Romo, al frente del plan, liderará la temática de seguridad en el foro del Acuerdo Nacional, donde se debatirá la política pública de seguridad con la sociedad: gremios, academia, expertos, ciudadanos... El Ministerio de Defensa entregó a la Asamblea el proyecto de Código Orgánico de Seguridad, con nuevos ejes de defensa, inteligencia estratégica y gestión de riesgos. Han pasado siete meses sin que su debate avance. Allí se plantea crear Consejos de Seguridad Ciudadana y Orden Público. En el 2018, Ecuador reportó 987 homicidios, un incremento del 1,54% frente al 2017. Sin embargo, aún hay más muertes por accidentes de tránsito: 2 151 personas perdieron la vida en las vías en el 2018, solo dos menos que en el 2017.

Tras dos años en el poder, el combate a la corrupción anunciado por el gobierno de Lenín Moreno deja pocos resultados. Si bien en mayo de este año creó la Comisión de Expertos Internacionales y tres meses antes puso en marcha la Secretaría de Transparencia, la expectativa de la recuperación del dinero está pendiente.

Se ha conseguido que Telconet devolviera USD 13,5 millones que provenían de ‘offshore’ vinculadas a Odebrecht. Pero falta el resto. En octubre del 2017, la Procuraduría General del Estado presentó un informe en el que detalló que había USD 91 millones por recuperar de la trama protagonizada por la constructora brasileña y de anteriores casos, como el de Cofiec.

"Dos años después de que asumiera el poder, el gobierno de Lenín Moreno no ha podido recuperar los dineros despojados a los ecuatorianos.”

Un año y cinco meses después de que el exvicepresidente Jorge Glas fuera condenado por asociación ilícita, el Estado tampoco ha recibido la indemnización de USD 33,3 millones que el Tribunal Penal interpuso el 14 de diciembre del 2017 en contra de ocho personas procesadas.

Solo Glas y su tío Ricardo Rivera deben pagar USD 14 millones, pero el exsegundo mandatario presentó seis recursos judiciales que frenaron la aplicación de la condena.

El propio Presidente de la República reconoce que es complicada la tarea para recobrar los fondos ilícitos. Por eso, en agosto del 2017 anunció la contratación de empresas de investigación especializadas para descubrir la probable ruta del dinero.

Ahora, la esperanza del Gobierno es la Comisión de Expertos Internacionales, que “dejará puesta las bases” para combatir la ilegalidad. Para el Gobierno esta tarea es urgente, pues hay casos antiguos en los que también hay fondos de por medio. Solo la fórmula de facturación de crudo de dos contratos de preventa que se suscribieron con Petrochina y Petrotailandia habrían dejado un perjuicio de USD 92,7 millones para la estatal Petroecuador. Por ahora, siete exaltos funcionarios del correísmo están presos

En junio del 2017, tras conocer la situación real del endeudamiento público, el Gobierno anunció que no había la “tal mesa servida” en lo económico. Sin embargo, le tomaría 11 meses más decidirse a dar un giro radical al modelo que marcó el primer año del Gobierno.

Las políticas de los primeros dos ministros de Finanzas, Carlos de la Torre y María Elsa Viteri, reflejaron una continuidad de las políticas económicas de la última década. El nombramiento de Richard Martínez al frente de Finanzas marcó el inicio de un programa de corte aperturista y que busca apalancar el crecimiento en la inversión privada más que en la pública.

"El nuevo plan se enfoca principalmente en corregir el problema fiscal. Para ello, Finanzas golpeó las puertas de los multilaterales, que prestan a tasas más bajas pero exigen un ajuste fiscal.”

El acercamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) empezó a mediados del 2018, aunque el acuerdo se concretó recién en febrero pasado. Antes de eso se tomaron algunas medidas, como la aprobación de la Ley de Fomento Productivo, se liberó el precio de la gasolina súper y se aumentó los de la extra y ecopaís, se anunciaron ajustes en el gasto en salarios.

Pero el programa del Gobierno es gradual y sus resultados tardarán en verse. Si bien la inversión privada subió en el 2018, aún no ha sido suficiente para levantar el empleo. Por el contrario, se perdieron plazas formales y aumentó la informalidad. La deuda pública subió y el riesgo país tuvo un desempeño volátil. Este último indicador aumentó hasta un máximo de 822 puntos el 27 de diciembre del 2018, pero tras el acuerdo con el FMI cayó a 572 puntos (17 de mayo del 2019).

El plan económico exige reformas estructurales en temas sensibles como el laboral y tributario. El Gobierno planteó un Acuerdo Nacional para definir los cambios. El diálogo empezó con acuerdos en tres temas laborales, pero la dirigencia sindical está dividida. Luego vendrá el debate del ajuste tributario.

De todo el sector social, el educativo es el que más impacta en las familias del país. Hay 3,4 millones de niños y adolescentes solo en el sistema público. Y es ahí en donde se registra un cambio de visión, que aún genera gran incertidumbre.

Así, tras 10 años de oír de la importancia de evaluar, el ministro Milton Luna confirmó que Ecuador no seguiría en PISA; también quiere revisar la prueba Ser Bachiller, pero no ve posible el libre ingreso a la ‘U’. A un medio digital le dijo que se volverá a los trimestres; hay quimestres desde el 2012. Y se evidencia un cambió de posición sobre la UNE.

"El sector educativo es el que más impacta en las familias. Hay 3,4 millones de chicos solo en el sistema público. Y allí se ve un cambio de modelo. En salud se intenta trabajar en prevención”.

Otro hecho que deja ver el redireccionamiento de la política pública es la decisión de reabrir mil escuelas uni y bidocentes. Esa medida choca con los resultados del Ser Estudiante 2015- 2016, que dicen que el 80% de esos alumnos no aprende lo mínimo en materias base.

La decisión de no tener más planteles monumentales se debe, además, a la austeridad que afrontan las carteras. El 23 de abril, el Presidente confirmó que se focalizará la entrega de alimentación escolar y de uniformes. Los ministros de Educación y de Inclusión han hablado de la necesidad de aliarse con ONG y GAD para alcanzar metas; en esa línea también va el acuerdo nacional por la educación.

En Salud, en estos dos años se ha visto una intención de avanzar hacia la prevención y no en la cura, con el Médico del Barrio, que ha identificado a 67 181 personas vulnerables en 180 cantones del país, pero suma 571 100 atenciones.

Un programa que ha recibido recursos es Mis Mejores Años, para adultos mayores. Se anunció el aumento de la cobertura. También los bonos, con montos diferenciados por edad y número de hijos, están financiados. En educación superior, con la reforma a la Ley, hay expectativa por las posibilidades que se pueden abrir en las carreras técnicas y tecnológicas.

La política de comercio exterior se ha movido entre ofrecimientos que aún no se concretan, pero también con hechos que conectan nuevamente al Ecuador con el mundo.

En los primeros meses del actual Gobierno se concretaron acciones que generaron altas expectativas. En septiembre del 2017, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, cumplió una gira por países de Europa y Asia; en ese entonces se habló de inversiones por USD 33 000 millones para proyectos en sectores como hidrocarburos, construcción, hidroeléctrico, entre otros.

El discurso de apertura e inversiones se iba posicionando y contrastaba de manera radical con el accionar del anterior Gobierno. Las buenas intenciones, sin embargo, se encontraron con retos como la renovación de los tratados bilaterales de inversión, herencia de la administración pasada, la poca seguridad jurídica que ofrecía el país e impuestos criticados como el de la salida de divisas.

Entre los hechos más destacados está el intercambio comercial entre Ecuador y la Unión Europea, tras la vigencia del acuerdo multipartes, desde enero del 2017.

"El acuerdo con el efta y el acercamiento con E.E.U.U y la alianza del pacífico son hechos destacables. Falta fortalecer las exportaciones”.

También, el acuerdo comercial con el EFTA y los acercamientos que Ecuador realizó con su principal socio comercial: Estados Unidos. En esta visión aperturista existe un alineamiento entre el ministerio de Comercio y la Cancillería, lo que no ocurrió en el primer año de Gobierno.

Acercamientos con la Alianza del Pacífico y, más recientemente con OCDE, también son hechos relevantes.

En medio de los avances hay puntos débiles. Un ejemplo es el estancamiento de las exportaciones no petroleras en el primer trimestre del año. Por otro lado, la inversión extranjera directa llegó a un récord en el 2018 (USD 1 400 millones), aunque más de la mitad vino por los sectores extractivos, especialmente por la minería. Hoy, en la mitad del periodo del actual Gobierno todavía queda tarea en política comercial.

Las concesiones viales al sector privado y la construcción de viviendas de carácter social no han avanzado significativamente. Recién en el segundo año se entregaron 162 kilómetros de la carretera Guayaquil-Salinas. Los otros tres grandes proyectos están en la etapa de concurso público para recibir ofertas. Estas son el Viaducto Sur de Guayaquil, la Santo Domingo-Buena Fe y la Buena Fe- Babahoyo-Jujan. A esa lista se sumaron tres obras más. El lanzamiento del concurso público está previsto para el segundo semestre.

"El funcionamiento del modelo de concesión o delegación de la red vial estatal aún está en fase de prueba. Por ahora solo hay proyectos”.

Así, espera consolidar el modelo de concesión o delegación al sector privado de 2 400 kilómetros de red vial estatal, la meta que se impuso el Gobierno, al inicio de su mandato para cuatro años.Hay otras obras viales pendientes, con una inversión cercana a USD 200 millones.

Las principales: ampliación del anillo vial de Santo Domingo, rehabilitación de la vía Quinindé - Las Golondrinas, Las Golondrinas-Saguangal y el Paso Lateral de Guaranda.

En vivienda, en dos años se han ejecutado 28 116 unidades, indica un informe del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. El objetivo es construir 220 000 casas en cuatro años, cuando el ofrecimiento durante la campaña electoral del presidente Lenín Moreno fue 300 000.

La inversión privada en los puertos es lo más relevante en el área de infraestructura. Javier Moreira, presidente de la Cámara Marítima Ecuatoriana, indica que las inversiones hechas desde el 2017 suman más de USD 1 000 millones. La empresa dubaití DP World dio USD 538 millones en el Puerto de Aguas Profundas de Posorja. La empresa chilena Agunsa, a través del Terminal Portuario de Manta, invirtió USD 38 millones en el puerto internacional.