Hace cuatro años un bebé de meses fue capturado por el grupo taromenani que atacó a una familia campesina en la selva. En el ataque murieron su madre y dos hermanos. El niño fue arrancado de los brazos de su hermanita. La autoridad de entonces trató de impedir que sus parientes y vecinos fueran a buscarlo. Apareció dos días después, escondido entre las raíces de un árbol, a unos metros del ataque. Los atacantes lo habían dejado ahí, en un extraño gesto de paz en medio del dolor. De no ser por sus parientes, que, en el afán de buscarlo así sea en el fin del mundo contrariando a las autoridades, fueron a buscarlo, el niño habría muerto.
Hace tres meses, dos niñas taromenani, de siete y tres años, fueron raptadas luego de un ataque donde habrían muerto sus padres. Están separadas una de la otra, en manos de quienes las capturaron. Han sido forzadas al contacto de la manera más brutal: con la muerte de su familia. Rechazan a sus captores. Se argumentan razones culturales y de costumbres para librar al Estado en su responsabilidad: la protección y la garantía de vida digna. Ahora dicen que van a hacer una casa para las niñas. ¿Para que vivan con quién? ¿En dónde? ¿Bajo custodia y amparo de quién? ¿Quién decide el futuro de esas dos niñas sacadas de su mundo, hoy con ropa y zapatos, cambiadas hasta de nombre, asimiladas a la fuerza a un mundo extraño? ¿En la casa pondrán, como en las casas de Tiwino, letrerito que diga “casa de niñas taromenani”? ¿Cuál es la entidad encargada de velar por la integridad de las pequeñas? El art. 22 del Código de la Niñez y la Adolescencia dice: “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas que permitan su permanencia en dicha familia. Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de conformidad con la ley. En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto, comprensión y respeto de sus derechos y su desarrollo integral. El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe aplicarse como última y excepcional medida”. En este caso: ¿se agotaron las instancias? A estas niñas se les están vulnerando todos sus derechos. Pero el silencio (muletilla utilizada supuestamente para salvaguardar su integridad) es en realidad el mejor argumento para evadir la responsabilidad estatal y para justificar la indiferencia.
…a lo mejor llegan, un día, los tíos y parientes de las pequeñas, a buscarlas, así sea en el fin del mundo… como suelen actuar los padres cuando les arrebatan a los hijos. Si eso pasa, no lo harán de la manera más amable, por cierto.