El 17 de marzo del 2011 el Conelec, al aprobar el pliego tarifario que debía regir de enero a diciembre del 2011, informó cuál era el costo final de distribución -ya cargados previamente los costos de generación y de transmisión- y se declaró que era 8,925 centavos de dólar el kW/h. Lo que se tarifaba por debajo de ese valor era subsidiado, explícitamente la tarifa de la dignidad -por debajo de 130 kW/h en la Costa y de 110 kW/h en la Sierra-, para los de la tercera edad –hasta 120 kW/h- y los llamados sistemas aislados.
También estaban con tarifas menores a 8,925 centavos de dólar, los consumos de las entidades y empresas públicas, los empresariales y los de recintos deportivos,
De 250 kW/h para arriba, en los consumos residenciales, las tarifas se fijaron excediendo el costo de 8,925 centavos de dólar por kW/h. Se ha publicado –no tengo el porcentaje exacto- que el consumo residencial no llega al 30% del total del consumo eléctrico.
El Gobierno anunció a mediados de junio del 2011 -a solo tres meses de las tarifas de marzo- para los consumidores residenciales de más de 500 kW/h incrementos sustanciales, severamente onerosos para los de la Costa que requieren climatización los 12 meses del año -no solo invierno, en que la base se movería a 700 kw/h-, lo que implica el uso de ventiladores y de equipos de aire acondicionado.
La información estatal es que solo se afectaría el 2,94% de los consumidores a nivel nacional, pero ya está dicho que los residenciales solo significarían el 30% del consumo nacional, con lo cual solo en porcentaje de hogares sería bastante superior a dicho 2,94%. Una encuesta de Santiago Cuesta ubica el impacto en más del 30% de los hogares en la Costa y más del 10% en la Sierra. La réplica del primer personero del Conelec fue que no todos los consumidores tienen teléfono, vía para la encuesta.
La pregunta esencial es ¿cuál es el costo en valor, por kw/h, de no ser 8,925 centavos de dólares, como se declaró formalmente el 17 de marzo del 2011?
Solo entonces se sabrá quiénes subsidian a quiénes, porque las generalidades de que se está invirtiendo en el sector eléctrico, que hay que importar y subsidiar el diésel para la generación térmica, que no se puede subir las tarifas a los empresarios –aun cuando en muchos almacenes visiblemente se derrocha luz -, ni a las entidades y empresas estatales, sin concretar cifras, solo son frases, a las que debe acompañarse los valores que significan.
Todo es posible ponerlo en valores, para llegar al costo que el Gobierno estime no subsidiado, precisando lo que serían subsidios cruzados, cuando unos consumidores pagan más, para cubrir las diferencias de los que paguen menos que el costo.
¿Está el Gobierno dispuesto a exhibir las cifras de los costos de la electricidad? Lo ético es hacerlo.