Una vez más, Ecuador participará en el encuentro minero más grande del mundo. Del 4 al 7 de marzo, autoridades y empresarios asistirán a la feria PDAC, que se realiza en Toronto, Canadá, y reúne a más de 1 000 expositores,
3 800 inversionistas y 24 000 asistentes de 130 naciones. Como en ocasiones anteriores, el propósito del país es mostrar su portafolio y atraer nuevas inversiones. Más aún cuando hay proyectos emblemáticos que se quieren impulsar: Río Blanco, Mirador, Panantza-San Carlos, Fruta del Norte y Loma Larga.
A inicios de año, las perspectivas del sector minero eran (¿o aún son?) halagüeñas, por los millonarios anuncios de inversión en prospección y exploración de aquellas firmas internacionales, la mayoría australianas y chinas, que ya se encuentran en el país.
Sin embargo, con la consulta y en el contexto de las preguntas relacionadas con la plusvalía y el tema minero, esas expectativas positivas tienen dudas. Las inquietudes arrancaron con la destitución del titular de la Cartera, luego vinieron los anuncios presidenciales de suspender las concesiones y ahora, con los resultados de los comicios, el sector espera que la Asamblea restituya los incentivos tributarios que tenían las empresas mineras con la ley de plusvalía.
Para despejar esas dudas, la Ministra (e) reitera que el Gobierno garantiza la actividad minera responsable, porque esa industria invertirá USD 4 500 millones en cuatro años, con ingresos para el Estado por 1 300 millones y la generación de 25 000 empleos.
Pero más allá de los anuncios, otra de las debilidades se nota en la relación con las comunidades en donde se quiere ejecutar los proyectos. Aspectos vinculados con el cuidado ambiental o la innovación tecnológica son básicos, para sumar esfuerzos en el desarrollo de un sector que atrae inversiones, algo que el país necesita con urgencia. ¿Cómo lograr un acuerdo? Chile es el mejor ejemplo; allí se plasmó un convenio con todos los actores, para desarrollar una minería virtuosa, incluyente y sostenible.