La institución del asilo político desnuda la característica ambivalente del concepto de soberanía al cual se acude recurrentemente. El asilo está para proteger a los ciudadanos que se supone están siendo perseguidos por intereses políticos, por tanto de otros estados, en los cuales está en peligro su integridad personal. Lo ejerce soberanamente un estado frente otro estado o grupo de estados. Esta parece ser la posición que ha asumido el Ecuador en el caso de Julián Assange, director-fundador de Wikileaks.
Al conceder el asilo a Assange, Ecuador toma una posición política que deviene en desconfianza hacia la administración de justicia tanto de Gran Bretaña como de Suecia, supone que ambas se someterán a un designio político: la entrega de Assange a los EE.UU. No existen elementos suficientes como para concebir que eso pueda darse, a no ser la suposición de que tanto Gran Bretaña como Suecia y la institucionalidad de sus administraciones de justicia, se subordinen al poder imperial de los EE.UU. El sometimiento imperial sería más fuerte que la tradición jurídica y procesal de ambos países.
Al asumir esta postura el Gobierno de Ecuador proyecta a escala internacional, aquello que lo ha venido caracterizando en su política doméstica, la lógica de la desinstitucionalización como desconfianza y sospecha acerca de la autonomía e independencia de los poderes públicos, en particular de la administración de justicia; al hacerlo, arriesga vulnerar la soberanía de otras naciones, que se caracterizan justamente por el respeto al principio de autonomía de la justicia sobre el poder político.
Pero el caso Assange pone bajo tensión el concepto de soberanía de manera más profunda. Al revelar secretos de estado, puso en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de información y control sobre los cuales se sustenta la soberanía de los Estados. La información y el secreto son pilares de la soberanía estatal, en cuanto se concibe al Estado enfrentado tendencial o potencialmente a enemigos externos e internos. El secreto es la mejor arma para ejercer soberanía tanto hacia afuera frente a otros estados, como hacia dentro, frente a sus propios ciudadanos. Está aquí la vocación autoritaria y totalitaria del poder político.
La paradoja en este caso es que el responsable de dinamitar las bases de la soberanía nacional trata de salvarse a través de la institución del asilo; al hacerlo abre pistas sobre la necesidad de replantear profundamente el concepto de soberanía; el accionar de los estados deberá regirse más por la defensa del interés ciudadano por la información, se deberá replantearse y advertir su ambivalencia como enfrentamiento entre la ‘razón de estado’ y la defensa de los derechos ciudadanos; un desafío radical para la política contemporánea.