Walter Spurrier

Pragmatismo tributario

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Martes 14 de mayo 2019

En materia tributaria, los poderes públicos a veces actúan a la ligera, aprobando aranceles e impuestos para micro manejar el mercado, pero carentes de un estudio que les sirva de soporte. Los resultados suelen ser deplorables.

Los altos aranceles empujan a la ciudadanía a viajar a Ipiales o Aguas Verdes a comprar productos que bien pudieran adquirir en el vecindario, ahorrando tiempo y combustible, generando IVA para el fisco, y plazas de empleo en comercios. Pero seguimos manteniendo aranceles exagerados.

Como el consumo de cigarrillos es perjudicial para la salud, se lo gravó de manera prohibitiva. Gravar para disuadir el consumo es correcto. Hacerlo exageradamente es errado. La técnica llama a que el impuesto al consumo debe estar en función de la capacidad de las autoridades de frenar el contrabando. A mayor control sobre el contrabando y venta informal, más elevado el impuesto.

El contrabando incurre en un costo de transporte superior al de la mercadería traída legalmente. Una parte importante del contrabando es capturado: pérdida total. Los minoristas corren el peligro del decomiso. Todo lo cual encarece al producto contrabandeado.

El impuesto al producto legal cuyo consumo se quiere disuadir no debe ser tan alto como para que se lo pueda traer de contrabando a pesar de esos costos y riesgos. En Ecuador, el impuesto es tan elevado que desborda la capacidad de control de las autoridades. El resultado: se desplomaron las ventas de cigarrillos de producción nacional. Menos empleo, menos recaudación tributaria. Pero se mantiene el consumo, desplazado a productos de contrabando, con frecuencia de marca desconocida, en empaques que no advierten al consumidor de los peligros, y cuya composición no ha sido sometida al escrutinio de las autoridades nacionales de salud. Las autoridades deben fijar un impuesto óptimo, el que más duela y desaliente al fumador, sin llegar a estimular el contrabando masivo.

Otro caso es cuando se pretende regular la competencia con impuestos discriminatorios. Las autoridades deber velar porque no haya barreras de entrada a nuevos competidores, y la Superintendencia porque las empresas con poder de mercado no lo utilicen deslealmente. Pero aprobar impuestos sin meditar sobre sus efectos es imperdonable.

Para ayudar a la operadora estatal de telefonía móvil, se gravó a las privadas con una escala: mayor impuesto por mayor participación en el mercado. Lo que se logró es que las telefónicas frenen la inversión, puesto que a mayor venta, menores utilidades.

Para estimular la competencia en el mercado de cervezas, se grava más a las cervezas de mayor consumo. Resultado: las cervezas extranjeras paga menos ICE que las nacionales.

Se prepara una reforma tributaria que reduciría distorsiones. He aquí algunos ejemplos.