El Presidente dispuso que la Junta de Regulación Monetaria dé marcha atrás, y de manera retroactiva, en su decisión de noviembre 30 de modificar la fórmula de cálculo del interés sobre el monto adeudado en tarjetas de crédito. La nueva fórmula elevaba el costo al deudor.
¿Fue correcto el cambio de cálculo dispuesto mediante la regulación 471? Es censurable que elevase el costo del dinero subrepticiamente, sin que los usuarios se enterasen hasta recibir el estado de cuenta. Pero el tema de fondo es que se requiere que el ciudadano ahorre, y que ese ahorro financie la inversión. Que se desaliente el endeudamiento para consumo. Debe propenderse a que suba lo que se paga a los ahorristas, baje la tasa para la inversión, y que suba aquella para consumo.
La marcha atrás la da el Presidente, ante el malestar de la ciudadanía. He ahí lo que preocupa: que el gobierno no diseñe una hoja de ruta para salir de la crisis y que se atenga a ella, a sabiendas que va a ser impopular. La regulación 471 pudo no ser lo adecuado, pero una vez dictada, no debió darse un paso atrás.
El retiro de la medida sobre las tasas de interés viene poco después de la confusa alza de los combustibles. Se elevó el precio de la gasolina extra, pero se extendió un subsidio a los taxistas, a pesar que la opinión pública no lo consideraba necesario. Predominó el temor que los taxistas puedan bloquear el tráfico en sectores neurálgicos de las ciudades.
Se subió el diésel al transporte, se negoció con los transportistas, y luego se dictó un decreto interpretativo que diluyó el alza para todo el transporte excepto vehículos de uso particular, la gran minoría.
Estas dos instancias hacen surgir dudas sobre si el gobierno puede mantenerse firme en una política de ajuste. Si no lo puede hacer, entonces llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario no tiene sentido, puesto que el FMI desembolsará los fondos para apoyar el programa, a medida que se vayan cumpliendo las etapas del ajuste. El ajuste incluiría alza del diésel al transporte comercial, del gas, reducción de la burocracia, alza de tasas de interés de consumo, elevación de aportes al IESS, y quizá del IVA. Todas medidas impopulares.
Si no hay avance en la metas, no hay plata. Y si no hay plata del Fondo, ¿cómo vamos a financiar el presupuesto?
A fines de enero, el gobierno colocó bonos por USD 1 mil millones para pagar sueldos. Ese ritmo de endeudamiento no es sostenible. Sin el apoyo del Fondo, llegará un momento en que el mercado no acepte más bonos, o si lo hace, sea con un rendimiento aún más elevado que el 10.75% de enero.
El riesgo es alto, que sin una firme ejecución de un programa de ajuste, con o sin el Fondo Monetario, llegue el momento en que el gobierno se quede sin un centavo en sus cuentas. Entonces el costo social sería sumamente elevado.