La protesta del 17S hizo estallar la burbuja en que habitamos desde hace siete años. Una larga Navidad dedicada al consumo, con un Papá Noel que ha repartido cerca de doscientos mil millones como aguinaldos, empleos, subsidios, obras, bonos, créditos… En época de bonanza gobernar es gastar. La protesta indica el fin del consumo frenético de la larga Navidad revolucionaria.
Es curiosa la lectura que el Gobierno hace de la protesta. Lo dice en un aviso que difunde en todos los medios y que muestra escenas del choque entre gritos, piedras y palos con escudos, caballos y bombas lacrimógenas. Para que todos sepan lo que gritan los estudiantes, han superpuesto el texto escrito: “fuera, Correa, fuera”. Las manifestaciones que inicialmente fueron minimizadas, ahora se muestran como una amenaza terrible para el Gobierno. El aviso termina con la proclama: “no volverá el pasado”; una constatación de que el pasado ya está aquí.
El pasado ha vuelto con el anuncio de que iniciamos una etapa compleja, amenazada por más impuestos y restricción de gastos. En tiempo de penuria gobernar es priorizar y, debido a que todos se creen prioritarios, el Gobierno es incapaz de contentar a todos y se queda solo, abandonado por la izquierda y la derecha, arrinconado en el centro.
El pasado vuelve como culto al secreto de Estado. Con frecuencia se describe a los caudillos como seres invisibles, misteriosos, rodeados de secretos. Son como dioses que lo ven todo pero ellos son invisibles. El secreto está en la base del poder, hay dos Gobiernos, como dice David Wise, uno es el que aparece en las declaraciones oficiales, la publicidad y la información de los medios públicos, pero es solo una máscara que carece de expresión y esconde lo que hay al interior. El otro es una maquinaria oculta y refinada que norma, controla y vigila, pero permanece invisible. De tiempo en tiempo estalla algún escándalo que revela lo que hay por dentro, pero son como fuegos fatuos que se extinguen enseguida.
Vuelve incluso un pasado más remoto, el de los tiempos sombríos cuando se ocultaba la información. La Corte Constitucional ha dictaminado que la ley que declara la información como servicio público es constitucional. Le cuelga con un alfiler de la última frase del artículo 314 que habla de servicios públicos como el agua, la sanidad, la energía “y los demás que determine la ley”. La ley ha determinado que la información es también servicio público, por tanto es constitucional. El Estado que reparte los servicios repartirá también la información. La Corte Constitucional propone dos ilusiones, la primera un Estado angelical que repartirá la libertad y la información con equidad, uniformidad y eficiencia y la segunda los periodistas como empleados públicos y los medios de comunicación como tuberías por las que llegará a domicilio la información oficial.
lecheverria@elcomercio.org