¿De vuelta a los 80?

El destino económico y político del Ecuador depende por completo de algo que no controlamos: el precio del petróleo. En eso ha quedado el discurso de altivez y soberanía de la 'revolución ciudadana'.

Si el barril de crudo mantiene su valor, Finanzas sí podrá seguir pagando sueldos, bonos y subsidios. Incluso habría plata para obras de infraestructura que son, hoy por hoy, las que mueven al aparato productivo nacional.

Pero si el petróleo bajara considerablemente -a menos de 80 dólares, por ejemplo- la liquidez del erario nacional se vería comprometida. En función de la gravedad de esa caída, el Gobierno tendría que eliminar parcialmente ciertos subsidios; limitar el alcance de los bonos; y tendría probablemente que reducir la nómina del sector público.

El gasto que se recortaría primero es el de inversión, según ha explicado el propio presidente Correa. Esto limitaría fuertemente el crecimiento. También podría haber aumentos de impuestos de alto rendimiento como el IVA y el de Salida de Capitales.

En pocas palabras, el Gobierno tendría que poner en práctica un programa de ajuste como los que se aplicaron en el Ecuador durante los años 80 y que los economistas de este régimen -incluido el Presidente- han criticado duramente. Han apuntado, de forma correcta, que esos programas fueron recesivos y, por tanto, empobrecedores, pero no han querido analizar por qué debieron tomarse aquellas medidas.

Los programas de ajuste provocan malestar social porque las distintas facciones de un país luchan por asumir una porción menor de ese ajuste. Hurtado y Borja pudieran contarnos su experiencia al respecto; algún colaborador cercano de Febres Cordero también.

Típicamente, este tipo de ajustes provocan algo como lo que sigue: los transportistas piden tarifas mayores a las aprobadas para compensar la subida de los combustibles que provocó la eliminación parcial o total del subsidio. Los usuarios del transporte público -los estudiantes, por ejemplo- quieren que el costo del pasaje no suba, a pesar de que la gasolina haya aumentado.

Los empleados públicos y privados demandan ajustes salariales para compensar la pérdida de capacidad adquisitiva que sufrieron porque la inflación creció tras la subida de las gasolinas. Pero el Estado no puede subir los salarios porque no tiene dinero (por eso está haciendo un ajuste) y los empresarios no miran bien un aumento de las remuneraciones porque dicen -con razón- que sus ventas caerán a raíz del ajuste.

Los altos ingresos petroleros han mantenido dormidas a este tipo de "pugnas distributivas" que fueron tan frecuentes durante la década de los 80. ¿De qué manera se resolverán si llegaran a presentarse de nuevo? Para atisbar una respuesta habrá que estudiar la historia económica y política reciente.