Con los hechos consumados en torno a la consulta popular y el referéndum, planteados por el Ejecutivo y aprobados sin mayores inconvenientes por la Corte Constitucional, resulta inútil en la práctica seguir con las objeciones, aunque haya razón más que suficiente para continuarlas. La Corte incluso fue mucho más allá de sus atribuciones: le dio reformando las preguntas cuando debía pronunciarse sobre la constitucionalidad y el procedimiento de este recurso.
Ahora corresponde organizar con seriedad e independencia –muy difícil en este cambio de época- al Consejo Electoral y establecer las reglas que permitan que haya equidad, al menos, en la campaña propagandística y control, del que se ha adolecido, especialmente con la promoción oficial. Incluso, antes de que la Corte resolviera el pedido ya hubo propaganda de algo que ni siquiera había sido aprobado. Todo a vista y paciencia de los organismos de control a pesar de que están de por medio recursos públicos.
Ahora tiene que trabajarse intensamente para que todos los electores se enteren a cabalidad de un tema complejo, incluidos los anexos, analicen con seriedad y ejerzan un voto responsable, a favor o en contra pero a conciencia, porque sobre sus hombros recae el presente y el futuro del país. Los electores deben preocuparse del contenido de las preguntas para no ir a las urnas a enterarse y votar al apuro a favor o en contra del proponente en lugar de ejercer un pronunciamiento razonado.
Nadie duda, y es preciso reiterarlo hasta el cansancio, que la crisis de la Función Judicial, la Policía, de los entes de control e indagación previa penal y los altos niveles de corrupción e impunidad deben enfrentarse con urgencia pero sin atropellos. Son evidentes los problemas señalados no solo en las contradictorias estadísticas nacionales sino por organismos y representantes internacionales. Lo que sucede es que si son informes favorables, aplausos; si son negativos, insultos, amenazas y acciones legales.
Uno de los temas del referéndum que se viene reivindicando, con razón, se relaciona con la inseguridad ciudadana, pero las propuestas no van a solucionar el problema. El tema pasa por falta de aplicación de las normas vigentes, de acumulación de las causas y de cosecha de lo que se ha hecho en esta época. ¿Recuerdan que se le quitó al Comando Conjunto de FF.AA. el trabajo institucional, serio y responsable, que hiciera con el registro y control de armas? Resulta que en esa institución se llegó a registrar alrededor de 140 000 armas y ahora, con el cambio de época, la Policía tiene registradas alrededor de 32 000 armas. ¿Qué ha pasado con esa enorme diferencia? ¿Allí, la explicación del aumento de homicidios? Esto va a cambiar el pronunciamiento popular o es un problema de decisiones políticas erráticas y equivocadas?