El derecho al voto en nuestro país tiene su historia, inicialmente estaba circunscrito a una pequeña élite de ciudadanos privilegiados que poseían un caudal en metálico que estaba expresamente señalado en la Carta Magna. La mujer también estaba excluida, el argumento para negarle el derecho al voto era que iba a ser influenciada en su decisión, por su marido o por su confesor; luego de largas luchas, recién en 1929 se consagra este derecho a favor de la mujer.
Para otorgarles este derecho a los ciudadanos analfabetos fueron necesarios largos años de discusiones; se esgrimieron argumentos hasta disparatados para negarles el voto, simplemente eran ciudadanos de segunda con obligaciones pero sin derechos.
El derecho al voto de los militares en servicio activo lo ejercen en la mayoría de países latinoamericanos; en Ecuador este derecho se consagró en la Constitución de Montecristi en 1998, el voto para los miembros de FF.AA. y policías es facultativo; con este derecho, los uniformados se integran directamente al convivir democrático, a las decisiones trascendentales del país, y a elegir sus mandatarios; cuidando que este derecho no sea manipulado y que el virus nocivo de la politiquería no pase el umbral de los cuarteles.
En Chile se estableció este derecho sólo para oficiales en la Constitución de 1925 y para la tropa, incluidos los conscriptos, desde 1980. Obviamente los militares están severamente prohibidos de realizar proselitismo político, peor participar en campañas electorales, dentro y fuera de los cuarteles.
Con justa razón se ha dicho: “Lo correcto es impulsar que los militares ejerzan su actividad política en forma transparente y que su participación se rija por reglas institucionales y que el derecho ciudadano de elegir lo ejerzan sin privilegios”.
En realidad, a lo largo de la vida republicana, los militares latinoamericanos han sido “actores políticos”, ya sea en la defensa del sistema vigente, en el desarrollo económico y hasta en la toma del control del Estado ante la debilidad de las instituciones civiles democráticas.
El ciudadano-soldado tiene en sus manos una poderosa arma de la democracia, el voto; es corresponsable de la suerte del país, por esa razón debe estar alejado de las disputas políticas, las instituciones del Estado son las que deben solucionar los problemas que afectan a la vida política del país. De manera que en el manejo de los asuntos políticos del Estado es tarea extraña a los fines de la institución militar, que tiene la obligación ineludible de subordinarse responsablemente a los poderes totalmente constituidos, porque las FF.AA. no son poder constituyente ni destituyente de las autoridades que el pueblo libremente ha elegido.
Los soldados y los policías, con su voto tienen la oportunidad de elegir como Presidente a un estadista que los respete, con liderazgo, participativo, tolerante, respetuoso de la Constitución y las leyes, sobre todo democrático.