Hipótesis política: en las elecciones presidenciales del 2017 el segmento poblacional de 16 a 29 años, los adolescentes y jóvenes, que ejercerán su voto, castigarán al actual gobierno, no votarán por sus candidatos. Alianza País, tendrá una contundente derrota. ¿Por qué? Los adolescentes y jóvenes han sido uno de los sectores que, en estos años, más han sufrido por varias acciones gubernamentales.
Frente a la urnas se acordarán cómo desde el poder fueron ilusionados y motivados para la defensa del medioambiente a través del proyecto Yasuní, y que luego, bajo todo tipo de pretexto, el poder impulsó su explotación, anulando cualquier iniciativa ciudadana y juvenil para su defensa. Rememorarán sus angustias y sufrimientos materializados en la serie de evaluaciones y pruebas que marcaron el camino del complejo y difícil acceso a la universidad. Evaluarán las consecuencias en su vida de la reforma de un Bachillerato General Unificado, que al menos en los técnicos, les bajó no solo el nivel de aprendizajes, sino que les impidió encontrar un empleo digno.
Frente a las urnas del 17, volverán las imágenes humillantes de requisas, perros antinarcóticos y policías violando sus aulas y mochilas. Recordarán cómo creció su sensación de estar vigilados cuando se instalaron cámaras de seguridad en sus establecimientos. Retornará el sentimiento de frustración por no haber podido hacer mayor cosa al ver el dolor sus compañeros del Central Técnico, del Mejía y del Montúfar fueron encarcelados y sancionados desproporcionadamente por protestar.
A todas estas perlas se podría sumar una nueva que también será marcada en su memoria. El Estado quiere infiltrarse en su vida privada, en el manejo de su sexualidad, a través de un Plan de Fortalecimiento de la Familia: “¿Quién ha tomado en cuenta nuestra voz, la voz de los adolescentes, para la formulación de dicho Plan?, ¿Quién nos ha consultado cómo vemos y manejamos nuestra sexualidad y nuestro cuerpo?”, señaló una dirigente estudiantil consultada sobre dicha iniciativa.
Sin embargo, ya se viene la poderosa maquinaria estatal, con un presupuesto de 32 millones de dólares, armada de ideas, valores, y estrategias que utilizará al sistema educativo e intentará movilizar a las familias para que convenzan a las chicas, a través del discurso y del “ejemplo”, para que se abstengan de prácticas sexuales, como medida básica para combatir el grave problema del embarazo adolescente.
La prohibición, brutal o edulcorada (bajo cualquier ropaje) es la peor de las medidas. Todo lo prohibido se torna en provocación.
Un Estado laico debe crear todas las condiciones para que circule la información científica, plural y bajo un enfoque de derechos, sobre los temas de la sexualidad, para que el individuo sea el que tome sus propias decisiones en libertad.
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