Otro bombazo del Embajador de EE.UU. Cuando apenas asimilábamos el golpe de los narcogenerales, lanza un segundo explosivo, el retiro de visas a jueces y abogados debido a indicios de corrupción. Lo sorpresivo no es tanto el tema, cuanto quién y por qué lo hace.
Las presunciones de corrupción no son nuevas. Las intuía todo el país: sorteos truchos, reducción de penas, fallos extraños, nombramientos a dedo… Pero en este caso, es la Embajada norteamericana -que no improvisa en estos asuntos- quien asume el protagonismo.
Lo trascendente aquí no es el retiro de visas -que tiene su peso y consecuencias- sino la certeza que el gobierno de EE.UU. implementa una estrategia paralela de investigaciones. El mensaje implícito es la desconfianza en las instancias nacionales de control, en la limitada eficacia de sus acciones o su ultrapolitización.
La audaz acusación de la Embajada ha generado -junto con la satisfacción por el golpe a la impunidad- incomodidades porque personal y mecanismos de investigación del país más poderoso del planeta están asumiendo un rol que corresponde a instancias nacionales. Si ellas son frágiles lo que corresponde es montar no una vía paralela, sino una estrategia solidaria de asesoría y asistencia técnica, capacitación, equipamiento, técnicas para detección, seguimiento, reparaciones. Es así como aprenden y fortalecen las instituciones.
También se han levantado voces por el desajuste que implica que EE.UU. actúe en Ecuador contra la corrupción, al tiempo que cobija en su país a decenas de corruptos de medio mundo con grandes fortunas arrancadas a sus pueblos. También hay ecuatorianos entre ellos.
La imputación no debe quedarse como fuego artificial. Las generalizaciones son peligrosas y crean efectos no deseados. Es indispensable que la Embajada señale nombres y circunstancias. No es posible que los ecuatorianos desconozcamos la gravedad de los hechos y sus autores. El punto central es aportar a las instancias nacionales. No sustituirlas.