El debate de la reforma a la ley minera actualiza lo que para el Gobierno y su entorno es casi sacrosanto.
Si el Estado tiene como contraparte en una negociación de obra pública o para la exploración y la explotación minera, o en otra forma de contratación o concesión, a una entidad identificada como empresa estatal de otro país, ¿para qué licitaciones o concursos? Se aligeran los procesos, y prácticamente a dedo hay que entregarles los negocios a gobiernos extranjeros y sus empresas.
La síntesis podría ser “lo virtuoso está en lo público, en el Ecuador y en otros países del mundo”.
Es lo contrapuesto a lo dominante en el neoliberalismo. Su versión: el sector público es ineficiente y debe desmantelarse al Estado, salvo en Relaciones Exteriores, Seguridad Externa e Interna y algunos proyectos para los más pobres.
¿Qué es verdad? No hay absolutos. Empresas públicas y privadas tienen riesgos de corrupción e ineficiencias, como hay -en los dos sectores- empresas que son competitivas, respetando entornos legales y ambientales, con niveles de eficiencia en costos y en ejecución contractual. Muchas veces los membretes estatales son la vía para subcontrataciones o participaciones con inocultables tufos de corrupción y sobreprecios. Es el caso de los créditos chinos -caros en relación a lo que serían los costos de accederse a otras fuentes de recursos para gobiernos- distorsionados los créditos para presentarlos como venta anticipada de petróleo, en que buena parte del engranaje del negocio y de sus beneficios sólo tiene membretes del Gobierno chino, y se mueven por y para particulares que reciben significativa tajada.
Otro caso es el del proyecto Coca-Codo Sinclair, que primero quiso llevárselo la presidenta Cristina de Kirchner, con fanfarria de placa develada en el Palacio de Gobierno -abril 21 de 2008- usando a la empresa estatal Enarsa -puro membrete- como caballo de Troya, para empresas privadas argentinas del entorno del poder. Argentina habría gastado USD 4,12 millones y en meses el Ecuador le habría reconocido USD 5,5 millones ¡Buen negocio del Gobierno argentino! Luego le dieron la obra a la empresa china Sinohydro, con evidentes sobreprecios, sin los adecuados estudios previos. Que la obra es importante, claro que sí, pero aquella condición no justifica los sobreprecios.
En toda negociación lo sano y honesto es que haya procesos de licitación o concursos, con información confiable, no privilegios o exclusiones bajo consideraciones políticas. Lo contrario es enmascarar la corrupción.
¿Por qué en China, con 1 360 millones de habitantes, de tremendos contrastes, entre exageradamente ricos y desesperadamente pobres, que se declara comunista, según el Informe de Riqueza Hurun, hay más de 60 000 multimillonarios?