‘La amenaza te cambia toda la dinámica de vida, dice Jade Ramírez Cuevas, una periodista mexicana que vive hace meses con ese yugo que cada día atenaza a un grupo mayor de profesionales de la comunicación.
“Adquieres protocolos de seguridad a los que no estabas acostumbrada, te sabes vulnerable y eso cuesta mucho aceptarlo. Yo al principio cuestioné mucho lo que hacía, la calidad de mi trabajo, y si debía continuar o no”.
Reportera y conductora de Radio Universidad de Guadalajara, en el 2009 recibió -junto con Priscila Hernández- el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, por un reportaje sobre discriminación en la aerolínea colombiana Avianca.
Su vida dio un vuelco en abril, cuando se ocupaba de la cobertura a un movimiento comunitario que se oponía a la construcción de la presa hidroeléctrica de El Zapotillo. El 3 de ese mes, Ramírez y tres activistas de derechos humanos fueron increpados por hombres armados que se presentaron como funcionarios federales, al terminar una asamblea del pueblo en el lugar.
A la agresión directa le siguieron llamadas telefónicas a su casa, de madrugada, en las que nadie respondía; correos electrónicos con amenazas de muerte, y la presencia permanente de vehículos blindados a su alrededor.
Ramírez presentó una denuncia ante la delegación en Jalisco de la Procuraduría General. Su caso motivó una alerta de Amnistía Internacional y medidas de protección que todavía tiene. Hasta ahora, no se ha detenido a los responsables, aunque los hombres armados fueron identificados y la amenaza por correo electrónico dejo rastro para los investigadores.
En los últimos 10 años, 64 periodistas han sido asesinados en México y 12 más están desaparecidos, de acuerdo con el recuento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo estatal autónomo.
El discurso oficial atribuye los asesinatos al crimen organizado y a la escalada de violencia que ha generado la estrategia contra el narcotráfico del derechista presidente Felipe Calderón, pero lo cierto es que no hay investigaciones concluyentes que lo demuestren.
Por el contrario, en su último informe, el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet), organización que se ha dedicado a documentar las agresiones a periodistas, señaló que éstas son, en su mayoría, cometidas por funcionarios de los municipios, los estados y el Gobierno central. Solo en el 2009, Cepet contabilizó 140 hechos de violación a la libertad de expresión que involucraron, al menos, a 19 medios de comunicación y a 183 periodistas, 13 de los cuales fueron asesinados.