Hay muchos motivos para denunciar los atropellos del gobierno, y especialmente de la policía, a los derechos humanos de la población, de manera particular de los sectores más vulnerables. Hay que hacerlo con decisión y energía. Cualquier exceso que se diera por parte de los manifestantes en las movilizaciones no debe ser razón o pretexto para desatar la represión y la violencia violando derechos fundamentales.
Pero, si bien lo dicho debe quedar claro, en los últimos tiempos hay una realidad que no podemos dejar de reconocer: la situación de las parejas y de los hijos de los policías que mueren en la lucha con el narcotráfico y el crimen organizado. Este es un doloroso hecho que debe preocuparnos a todos en el país, de manera especial a las organizaciones de derechos humanos. Las viudas y los huérfanos no solo que también tienen derechos como toda persona, sino que merecen especial cuidado, cuando sus deudos han muerto defendiendo a la sociedad.
No estamos hablando de jóvenes estudiantes que lanzan piedras y gritos contra la policía que a veces actúa con prudencia y otras con uso desproporcionado de la represión. Hacemos referencia a enfrentamientos de la fuerza pública con bandas armadas que actúan con el respaldo de grandes recursos para impulsar el tráfico de drogas, el sicariato y el control de barrios enteros y hasta de las cárceles públicas. En muchos casos, la policía no enfrenta muchachos idealistas que buscan el cambio social; sino gente entrenada en el delito y el uso de las armas que distribuye drogas o asalta negocios disparando a mansalva a quienes tienen delante, con mayor fuerza y peligro, cuando se trata de policías.
Estamos en medio de una guerra en que la presión y el miedo está a la orden del día. Y en ella no podemos ser neutrales, sobre todo si caen en la desigual lucha personas que dejan familias asoladas, jóvenes mujeres viudas y pequeños hijos huérfanos. Debemos estar de lado de las víctimas de la violencia criminal de frente y sin subterfugios.