Imagínese que usted contrata a una persona con un sueldo mensual de 1.000. Tres meses y un día más tarde usted decide que debe prescindir de esa persona. Usted le pagó 1.000 mensuales por 3 meses y, por despedirlo, tendría que pagarle 3.477 adicionales, que es la suma de indemnización y la parte proporcional de decimotercer sueldo, decimocuarto sueldo y vacaciones.
Usted contrató esa persona porque creía que un nuevo negocio iba a ser rentable, pero no resultó tan bueno y no tiene sentido seguir empleándola. Con pena, usted la despide, pero tiene que pagar una fortuna para hacerlo.
Pero si usted es un ser racional, que estudia las cosas antes de hacerlas y, antes de contratar ese empleado, usted analiza todas las opciones posibles y concluye que existe un cierto riesgo de que le vaya mal en el negocio y que ese riesgo es demasiado grande como para justificar esa enorme indemnización. En ese caso es muy posible que usted no haga esa contratación, o sea, que no cree ese puesto de trabajo y que, automáticamente, no emprenda en ese nuevo negocio ni cree la riqueza que ese emprendimiento hubiera creado.
Y si esa persona resulta que estaba embarazada el día en que la despidió, el proceso costaría un total de 15.477 (y si tenía un carnet de discapacitado, costaría 21.477).
Muchos emprendedores deben haber hecho mil veces estos cálculos y muchas veces la conclusión habrá sido no crear empleo. En otras palabras, todas estas regulaciones explican por qué sólo 4 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo de calidad (y el resto están en el desempleo o en el subempleo).
Pero la cosa es más absurda aún porque si el despido ocurre a los tres años (y no a los tres meses), el pago es básicamente el mismo, lo cual hace desproporcionadamente caro despedir a un empleado nuevo. Mientras tanto, si lo hacía antes de los tres meses, el costo era casi cero.
Para solucionar esto hay que introducir ciertos cambios, pero tampoco se necesita una inmensa reforma. Actualmente, la indemnización por despedir a alguien que trabajó más de tres meses es “mínimo tres sueldos”. Y a alguien que trabajó tres años, también hay que indemnizarle con “tres sueldos”.
Esta distorsión, que incentiva a no crear empleo, sería mucho menos grave si la indemnización fuera creciendo poquito a poquito hasta llegar a tres sueldos a los tres años. Podría ser algo tan sencillo como “un doceavo de un sueldo por cada mes empleado” con algún tope máximo. Y con eso ya habría más empleos.
Si el país quiere apuntar a la creación de empleo de calidad, podría empezar por tomar conciencia que estamos dolarizados y que con esa pequeña reforma empezaríamos e flexibilizar una economía tremendamente inflexible.