La práctica de descalificar al que no se somete al poder, la han usado muchos gobernantes. Correa la ha potenciado, usando su habilidad para comunicar, el grupo de medios de comunicación que controla, los enlaces y cadenas y harto dinero.
El gobernante se sale de lo que se le cuestiona o pregunta, para intentar herir al contradictor o al que indaga la verdad.
El turno le ha tocado a la CIDH –Comisión Interamericana de Derechos Humanos-, que, ante una petición de medidas cautelares que han presentado El Universo, sus personeros, los hermanos Pérez, y Emilio Palacio, condenados a pagarle a Correa USD 40 millones, y los últimos a tres años de prisión, le pregunta al Estado ecuatoriano:
1) Sobre los criterios para fijar la multimillonaria suma –que vergüenza si explica el gobierno que el supuesto criterio es el medio del uno por mil de los presupuestos acumulados de cinco años del Estado, que dicen suman más de ochenta mil millones- ;
2) Si hay fallos por montos similares en juicios de injuria –la verdad que sumados todos los fallos de daños y perjuicios por injuria en la historia judicial del Ecuador, desde que es República, ni se aproxima a esa cifra- ; y,
3) Si hay algún caso de injuria en que se haya condenado a alguien argumentando que hay “autoría coadyuvante”–y no hay un solo caso-.
Las respuestas a la CIDH, podrían ser claras y rápidas, pero deslegitimarían el fallo contra los perseguidos por Correa.
Por eso la vía de la descalificación, acusando que la CIDH está al servicio de los intereses de Estados Unidos y Europa, para agraviar a Correa.
La realidad es otra. Mientras es censurable el sometimiento de José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, ante el poder yanqui, y ante gobernantes agresivos – que en el caso ecuatoriano entre otras circunstancias, se demuestra en el comportamiento de sus veedores en los sufragios desde el 2008, cuyos informes no han recogido infracciones como la utilización de recursos del Estado en las campañas electorales -, la historia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido diferente.
A los gobiernos militares del cono Sur y a los títeres de Centro América, súbditos del poder yanqui, los investigó severamente. En cuanto al Ecuador, en varios casos, hermanos Restrepo, Consuelo Benavides, pueblos indígenas, ha sido consecuente. Hay más, aun cuando EE.UU. no ha ratificado la Convención de Derechos Humanos, pero si la Carta de la OEA, desde marzo del 2002 la CIDH ha requerido al gobierno norteamericano el respeto a los derechos humanos de los prisioneros recluidos en Guantánamo, acusados de estar vinculados con los talibanes y Al Qaeda, denunciando su tortura y los tratos crueles e inhumanos.
La CIDH tiene el reto de no amilanarse, de ser consecuente con su historia y la razón de su existencia.