‘Mi hijo va a primero de bachillerato. Estoy en busca de un cupo para que siga estudiando. No lo consigo hasta hoy. Vivo en Carapungo. Los colegios más cercanos son el Camilo Ponce, el Abdón Calderón y el Eloy Alfaro. He ido a cada uno de ellos con todos los papeles. Para la inscripción exigen el pase de año, un promedio de 17 y certificar la cercanía al colegio. Luego de inscrito viene el sorteo. En el Camilo Ponce y en el Abdón Calderón no salió sorteado. Para el Eloy Alfaro me llamaron la próxima semana. Posiblemente haya un cupo, pero para estudiar contabilidad. A mi hijo no le gusta esa materia, pero qué más se puede hacer… si sale tiene que tomar el cupo”, comenta desolada, Catalina, madre de Santiago.
“Mi marido y yo estamos desesperados, pero también indignados… -continúa Catalina- si no sale el cupo en el Eloy Alfaro… no nos queda otra salida que encontrar algún colegio privado que no sea tan caro… El problema es que esto nos complica nuestra limitada situación económica”.
Este es un drama que se repite todos los años en el periodo de matrículas. Catalina, como muchas madres y padres de familia aun sabiendo que ninguno de los colegios “cercanos” a su casa son “buenos”, se resigna a que ingrese a cualquiera de ellos. No le queda otra opción. Sin embargo esta posibilidad también se le diluye.
Pero hay otros padres y madres que no se resignan. Están informados de las últimas evaluaciones de la Senescyt tomadas para el ingreso a las universidades. Saben que las oportunidades para sus hijos se multiplican si estudian en un “buen” colegio, por lo que rechazan la idea que les den el cupo en el colegio cercano a su domicilio que lo perciben pésimo. Quieren que su hijo o hija vaya al 24 de Mayo, al Mejía, al Montufar, al Espejo o al Manuela… Obviamente los cupos en estos establecimientos emblemáticos son disputados y limitados. Entonces, vienen las soluciones “salomónicas” del Ministerio de Educación: ubicar a los estudiantes como sea y donde se pueda. Así, luego de semejante maltrato, aparece la frustración e indignación de los padres y de los chichos como consecuencia de las medidas ligeras y contradictorias de los dos entes responsables: Ministerio y Senescyt.
A más del maltrato hay un evidente atentado contra la Constitución, particularmente al principio del derecho a una educación de calidad. Las notas tan altas para el ingreso a los colegios, los sorteos, y la asignación arbitraria de cupos, son medidas discriminatorias y excluyentes.
En un Estado Constitucional de Derechos como el nuestro, Catalina y miles de padres y madres podrían demandar al Estado Ecuatoriano por violación al Derecho a la educación: “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades… Los derechos serán plenamente justiciables”. Art. 11 de la Constitución.