15 de September de 2010 00:00

Vetos presidenciales

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Sebastián Mantilla Baca

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A diferencia del pasado, cuando era usual el bloqueo y la confrontación política entre el Ejecutivo y Legislativo cuando el primero no tenía mayoría en el Congreso, la inclusión en la nueva Constitución de la figura del veto presidencial, aunque ha resuelto parcialmente el problema, ha generado otros: se otorga poderes excesivos al Presidente de la República, rompiendo con el criterio de equilibrio y balance entre los diferentes poderes del Estado.

En efecto, el Presidente de la República puede vetar total o parcialmente una ley. Si la objeción es total, la Asamblea puede volver a considerar dicha ley luego de un año. Si la objeción es parcial, la legislatura puede allanarse o no. En el caso de no aceptar el veto presidencial, el problema reside en que se requiere para ello de al menos las dos terceras partes del Pleno, o sea, 83 votos. Ante esta dificultad que siempre va a existir, en lugar de prevalecer el criterio de la Asamblea, buena parte de las leyes se aprobarán de acuerdo al gusto y conveniencia del Ejecutivo.

Esto es justamente lo que pasa ahora con la Ley de Educación Superior, el Código Orgánico de Organización Territorial y la Ley de Servicio Público. Al ser vetadas parcialmente por el Ejecutivo, las discusiones, observaciones, recomendaciones y acuerdos que fueron logradas después de mucho esfuerzo, han sido tiradas al tacho de la basura.

Por ello, con justa razón, estudiantes universitarios, maestros, trabajadores, burócratas y autoridades de los gobiernos locales han rechazado la objeción presidencial, exigiendo la ratificación de los textos aprobados inicialmente por la legislatura.

Si la tónica va a ser esta, el presidente Correa no necesita de la “muerte cruzada”. El actual diseño institucional ha aniquilado en vida a la Asamblea Nacional, arrebatando una de sus funciones esenciales: legislar. Si el aporte que ahora pueden hacer los legisladores es nulo, en nada afectaría que cierren el Congreso y que todos se vayan a su casa.

Estos cambios, producto de la nueva Constitución, han dado forma a un régimen ‘hiperpresidencial’. El balance e independencia de poderes se ha roto. El obstruccionismo que había antes en el Congreso ha sido superado otorgando facultades excesivas al Presidente . Ha sido peor el remedio que la enfermedad.

Es fundamental que todo cuerpo legal sea analizado y debatido, incorporando los aportes de los diferentes sectores pero, sobre todo, de la ciudadanía. Sin embargo, eso no será así. En este escenario de amplias facultades para el Ejecutivo, se observa una progresiva crisis de la Asamblea e incluso del país. Las dinámicas del diálogo y de los consensos propios de una democracia quedarán anulados por el poder del veto presidencial.

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