Veto e inestabilidad

La inestabilidad política ecuatoriana es de sus gobiernos, funcionarios y decisiones. Cada cual refunda, anula lo hecho por los demás, desvirtúa la necesaria continuidad para tener frutos. Las instituciones formales son a menudo cambiadas, aún más las de competencia política y de resolución de diferendos. Baste pensar que cambiamos las reglas del juego en cada elección, para bloquear al contendor o darse ventajas según las circunstancias.

Cuanto desperdicia una sociedad cuando sus instituciones y normas de funcionamiento político son inestables. Puede eso no ser crítico si la inestabilidad política se acompañara de instituciones estables. Pero Ecuador por su efervescencia política dedica energías, recursos, tiempo, voluntades, no a resolver sus problemas claves, sino a la disputa sobre reglas del juego para competir.

El Gobierno tenía la responsabilidad de dotarnos de sistemas para la estabilidad, no solo que el gobierno dure, sino de instituciones que garanticen estabilidad y continuidad de las decisiones.

Hay que cambiar el círculo de más inestabilidad, mayor competencia por el poder, y así mayor importancia de la disputa pura por ganar y, por lo mismo, que las reglas del juego sean objeto de conflicto; lo cual es fuerte en Ecuador debido a su fraccionamiento y disputa regional.

El gobierno captó el repudio ciudadano al juego político sucio, y prometió ir a contracorriente de esa política. Pero su estrategia de ganar y ganar poder, pretendiendo que un hipotético proyecto de cambios lo requiere, le ha llevado a lo contrario. Además, los militantes que querían ordenar el mundo político han pasado a ser apoyo para consolidar el poder sin los principios. Doble pérdida para Ecuador que necesita dedicarse a la construcción de su estabilidad. Desde luego que un poder fuerte puede ser eficaz para aprobar leyes o políticas ahora, pero debido a cómo se las ha hecho, mañana serán cambiadas en sentido contrario; así la inestabilidad florecerá.

El modo como se ejerce ahora el veto u objeción presidencial contribuye a eso.

El veto presidencial permite al Ejecutivo impedir la aprobación de leyes inadecuadas o inconstitucionales.

Sin embargo, el Ejecutivo abusa de la figura de ser colegislador para ilegalmente cambiar o no ratificar una ley sino está tal cual la quiere. Resulta que solo el Ejecutivo sabría lo que debe ser la ley, no el juego democrático que incorpora posiciones debatidas.

Entonces, vale la clásica interrogante: ¿y quién ilumina al príncipe? ¿Por qué pocas personas en el Ejecutivo sabrían más que nadie lo que conviene?

Así, ejercer el veto dándose una inexistente facultad de modificar el proyecto de ley, lleva a que las leyes de ahora puedan mañana ser cuestionadas por inconstitucionales.

La estrategia de ganar y ganar alimenta la inestabilidad, no es portadora de futuro, anula el sentido de proyecto.

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