Miguel Rivadeneira

¡Qué vergüenza!

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Lunes 01 de julio 2019

Resulta una vergüenza lo que el país observa en torno al inicio del funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana, con un personaje cuestionado a la cabeza, que tiene el derecho a la defensa y al debido proceso, pero que debe responder concretamente sobre sus papeles notariados y presentados y no limitarse a decir que así le calificaron de candidato.

No puede evadir sus responsabilidades con prepotencia y ataques, impropios de un sacerdote, más aún cuando proviene de una comunidad respetable. Los dominicos, que crearan el Colegio San Fernando y antes la Universidad Santo Tomás, hace más de 300 años, han tenido grandes ejemplos como el padre José María Vargas, intachable investigador e historiador de fuste, premio Eugenio Espejo, que falleciera en 1988.

Con sus primeras actuaciones, se ha encargado de deteriorar aún más a una institución ya desprestigiada porque desde su creación, en la Constitución del 2008, no cumplió con los mandatos fundamentales (art. 208) de fomentar la transparencia, promover la participación ciudadana y luchar contra la corrupción.

Cómo puede pedir transparencia, luchar contra la corrupción y dirigir esta institución, si primero no aclara las serias acusaciones en su contra, como bien exigen los consejeros de minoría. Es verdad que falló el CNE, pero eso no le exime de responsabilidades, más aún si serían datos falsos.

Si eso es verdad, qué grave mentir ante un notario y presentar esos papeles en un concurso público. Eso conlleva responsabilidades y demuestra las ejecutorias y los alcances de una persona.

Qué confianza puede haber en un organismo presidido por quien no desea responder con documentos y pruebas y tratar de desvirtuar las acusaciones. No puede eludir porque como alto funcionario está expuesto en la vitrina pública y sus actuaciones están sujetas al escrutinio ciudadano y a la fiscalización.

Con un discurso similar al prófugo en Bélgica y de la revolución ciudadana, comienza a patrocinar como tabla de salvación la convocatoria a una Asamblea Constituyente e incluso proclama canciones de izquierda del siglo pasado, que se enarbolaron en el fracasado socialismo del siglo XXI, mientras comían bastante arroz verde. Si alguien habría preparado un libreto para cuestionar y deteriorar la imagen de este organismo, resultaría casi perfecto lo que hace el presidente de esta institución, que muchos consideran que debiera desaparecer. La Iglesia Católica y representantes de los dominicos le han cuestionado severamente porque utilizó su posición de sacerdote para llegar a este cargo público, que está prohibido expresamente, en medio de la opacidad de sus actuaciones. ¿Puede seguir en funciones en estas condiciones o conviene que continúe deteriorado y deslegitimado? ¿Este es el país que nos merecemos?