Miguel Rivadeneira

Vergüenza por el caso Romo

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Lunes 03 de junio 2019

Casi un centenar de policías y una veintena de fiscales y jueces debieran pedir perdón no solo a la familia del joven desaparecido hace seis años y un mes, David Romo, sino al país por su condenable actuación, hoy develada de cuerpo entero con el dictamen de la Sala Penal de la Corte de Pichincha, que estableciera la responsabilidad del Estado, tras declarar la nulidad del proceso desde que se ordenara la reserva de esta investigación.

Según la defensa de la familia, esa es la cifra de involucrados, de acuerdo al proceso, que actuaron durante la reserva y que la Sala Penal ha señalado que esos funcionarios ordenaron, solicitaron y mantuvieron en esta condición el caso. Otra obra del nefasto gobierno del prófugo en Bélgica, en el que manejaron a su antojo a la Policía. Cómo puede entenderse que hayan actuado así esos policías (no todos por cierto en una institución respetable) sin conocimiento de los altos y pequeños jefes de ese momento, cómplices y encubridores de este drama humano, que tiene hasta hoy en vilo a la madre del desaparecido, que ha luchado sin cuartel todo el tiempo y que merece un reconocimiento por su ejemplo y tenacidad.

El Tribunal Penal ha determinado que fue inconstitucional e ilegal la declaratoria en secreto del proceso, en vista que cuando se produjo la desaparición del joven regía el anterior Código de Procedimiento Penal, que establecía que la indagación previa se mantendrá en reserva solamente para terceros y para el público en general, pero no para los familiares de las víctimas ni para la defensa ni los investigados.

Cómo es posible que la familia Romo no haya tenido acceso a todos los documentos del expediente porque se indagaba en secreto y por ello el cuestionamiento de la madre porque violaron su derecho a conocer la verdad y cómo realmente avanzaba la indagación.

Bien hizo la Defensoría del Pueblo en el 2018 al cuestionar el cambio de figura del delito penal de desaparición por el de un supuesto asesinato.

También cuestionó que la declaratoria de secreto de manera temporal se desvaneció cuando se extendió por más de dos años. Según el informe, la reserva se prorrogaba cada noventa días a solicitud del fiscal de turno que manejaba el caso. Adicionalmente, existe una acusación de uso doloso de documento falso, alteración de la evidencia, falso testimonio y una supuesta asociación ilícita para perpetrar un fraude procesal.

Frente a este panorama de injusticia, de retardo y desvío de las indagaciones, es loable que con el cambio actual de rumbo de la Fiscalía General comienzan a enderezarse este y otros procesos y ojalá se llegue al establecimiento de la verdad del destino de David Romo y que no quede como el caso de la desaparición de los hermanos Restrepo, en manos de la Policía, ocurrido hace 31 años.