El plan de Guillermo Lasso para cumplir con su compromiso de crear 2 millones de empleos necesariamente requiere gran inversión. No vendrá del sector público, como lo ilustra el presupuesto 2022, ya que los abundantes fondos fiscales están comprometidos en mantener una frondosa administración pública.
La inversión será privada, y el Presidente se ha puesto como objetivo captarla por USD 30 mil millones. De ahí el evento internacional de la semana que pasó.
Se programó el evento para noviembre, para tener listos varios elementos que atraigan a los inversionistas:
-Una simplificación del bizantino régimen de promoción de importaciones, que dejaba mucho lugar para para la discrecionalidad de los funcionarios públicos, y reorganizar a la administración para que trabaje en función de objetivos y no por inercia. El Presidente pudo exhibir que los contratos de inversión de dos mineras fueron tramitados en dos meses, y no en dos años, como era anteriormente.
-Mejorar la reglamentación de las alianzas público-privadas. Las autoridades consideran que los pocos casos de APP en marcha fueron convocados al apuro, mal diseñados, con resultados no óptimos. Esto se habría superado, puesto que entre los proyectos presentados en el evento, hay varios de APP.
-El más importante, la vigencia de la megaley, que refrescaría la legislación vinculada a la inversión: una simplificación del engorroso régimen de incentivos; un mejor marco para la inversión petrolera, que se muestra esquiva, y una legislación laboral que estimule a las empresas a contratar, frente a su renuencia actual ante la excesivamente inflexible norma.
Lamentablemente no se dio la aprobación de la megaley. La mayoría de los asambleístas no se sintonizan con la necesidad de recuperar el empleo lo antes posible. O no entienden, o no les interesa entender, cómo funciona la economía.
Entre los proyectos ofrecidos, uno de los más urgentes es el de una nueva refinería. Ese proyecto ya estaba avanzado bajo Moreno. Es de esperar que se lo haya relanzado bajo un mejor marco, y que pueda concretárselo en el primer trimestre de 2022. Petroecuador entregará al contratista una cantidad de crudo, y este le devolverá los combustibles refinados, de calidad Euro 5, a cambio de un pago pactado por barril procesado.
En el evento se anunció la reapertura del catastro minero. Hay una gran expectativa entre inversionistas ante los grandes descubrimientos de los últimos años, pero ese interés se ha venido atenuando ante la ambigüedad del gobierno de Moreno y la inoperancia burocrática. El anuncio de Lasso refresca el interés. Ojalá la reapertura del catastro no se haga esperar, y que la burocracia tramite las solicitudes de inversión expeditamente. Es en minería donde Lasso podrá atraer inversión más rápidamente.